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El gobierno de Estados Unidos anunció ayer cambios en la política de encarcelamiento de familias indocumentadas en centros de detención familiar, donde están madres y niños centroamericanos, algunos desde hace más de un año.
El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, anunció que se acortará el periodo de encarcelamiento de las familias y se establecerán menores fianzas para ellos.
El anuncio coincidió con el regreso a Washington de ocho congresistas demócratas, que a principios de esta semana visitaron los centros de detención familiar de Karnes y Dilley, en Texas, y criticaron las condiciones en las que viven los menores y sus madres.
Para aquellas madres y niños que han demostrado que tienen un caso de “temor creíble y razonable de persecución” en sus países de origen se establecerá una fianza “razonable y realista, teniendo en cuenta su capacidad para pagar y el riesgo de fuga o el peligro para la seguridad de los ciudadanos”, dijo Johnson.
También se acelerarán las entrevistas de los solicitantes de asilo con las autoridades migratorias, de modo que “la detención de familias sea de corto plazo en la mayoría de los casos”.
Washington cambiará sus políticas de detención para familias indocumentadas para “cumplir las leyes de inmigración de una manera justa y humana y en consonancia con nuestros valores como estadounidenses”, añadió Johnson. El secretario consideró que el uso de estos centros de detención familiar facilitará la identificación y deportación rápida de personas que no justifiquen su solicitud de refugio.
Los congresistas, que pertenecen al mismo partido que el presidente Barack Obama, consideraron que las reformas son “insuficientes” e instaron al gobierno a cerrar inmediatamente estos centros de detención familiar. El congresista Luis Gutiérrez tachó de “inaceptable encarcelar a un niño por un año”.
La mayoría de las mujeres y niños encarcelados en los centros de detención familiar han huido de la violencia en Centroamérica y han solicitado el estatus de refugiado al llegar a la frontera estadounidense. Los legisladores explicaron que muchos de ellos siguen en los centros por no tener dinero “para pagar la fianza que ha fijado el juez” para quedar en libertad hasta fue una corte de inmigración determine si se les concede o no el estatus de refugiado.
“Estas madres y niños no son criminales, no han hecho nada malo y no han violado la ley”, señaló Gutiérrez. De hecho, son sus derechos los que han sido violados, afirmó.
Los congresistas denunciaron que empresas privadas administran estos centros de detención familiar, por lo que cuanto más tiempo permanezcan ahí los indocumentados, más negocio para ellas. Y consideraron “absurdo que los contribuyentes estadounidenses paguen 125 mil dólares al año por persona detenida, porque no tenían 5 mil dólares para pagar la fianza” que les impuso el juez.
