Un juez decretó hoy la salida de prisión de la madre de una niña embarazada paraguaya de 11 años que fue presuntamente violada por su padrastro, también encarcelado, y que lleva siete meses de embarazo.
La defensa de la mujer, que estaba bajo prisión preventiva acusada de ser cómplice de abusos sexuales y de abandono, logró que la Fiscalía retirara la primera acusación y la impute solo por dejación de cuidados.
De esta manera, el juez le concedió hoy medidas alternativas para que salga de la cárcel del Buen Pastor, en Asunción, según informó el Ministerio Público.
La mujer había pedido la semana pasada en una carta manuscrita dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la mediación del organismo internacional para conseguir su libertad y reunirse con su hija, quien se encuentra en un hospital de la Cruz Roja.
El Ministerio Público aceptó entonces retirar la acusación de complicidad en el abuso contra la mujer y mantener la imputación contra el padrastro de la niña, quien presuntamente la violó y está internado en la cárcel de Tacumbú, en la capital paraguaya, explicó a Efe la fiscal encargada del caso, Monalisa Muñoz.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos pidieron la intervención del Estado para proteger la vida de la menor desde que el caso salió a la luz a finales de abril, cuando la niña tenía 21 semanas de embarazo y fue llevada por su madre al hospital.
La CIDH instó entonces a Paraguay a protegerla, pues su embarazo se considera de alto riesgo por su corta edad y que podría vulnerar su derecho a la vida y a su integridad personal, física y psicológica.
La comisión, con sede en Washington, puso de relieve un informe de una junta médica que la menor mide 1.39 metros, pesa 34 kilos y padece de desnutrición y anemia, por lo que tiene cuatro veces más posibilidades de morir por el embarazo que una mujer adulta.
Pero el Gobierno de Paraguay rechazó imponer medidas cautelares a la niña porque considera que "ya han sido adoptadas todas las medidas" y aludió además al artículo cuarto de la Constitución paraguaya, que garantiza "la protección de la vida desde el momento de la concepción".
El Parlamento Europeo reclamó también al Gobierno de Paraguay que asegure que todas las mujeres y especialmente las niñas, cuyo embarazo puede poner en riesgo su salud, tengan acceso al aborto legal y seguro.
En Paraguay en 2014 dieron a luz bebés vivos un total de 684 niñas de 10 a 14 años, cuyos embarazos a esa edad se consideran fruto de abusos sexuales y no de relaciones consentidas, según cifras oficiales.
El aborto y su tentativa se encuentran penalizados, con una pena de hasta cinco años y sólo está autorizado interrumpir un embarazo cuando hay un riesgo de vida para la madre, en virtud del artículo 109 del Código Penal.
Según los últimos datos disponibles en el Ministerio de Salud Pública, en 2009 un total de 8 mil 660 mujeres estuvieron hospitalizadas por un aborto.
