La Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) otorgó ayer un amparo provisional que suspende el antejuicio que una Comisión Pesquisidora del Congreso inició el lunes contra el presidente Otto Pérez Molina, por orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para analizar su desafuero por presuntos nexos con dos millonarios casos de corrupción que sacuden al país.
La CC acogió un recurso introducido la semana anterior a favor de Pérez por la abogada guatemalteca Karen Fischer, con lo que suspendió el antejuicio y paralizó el trabajo de la Comisión, designada el viernes anterior por el Congreso. El amparo provisional deja en suspenso los otros procesos, aunque no los anula. Sobre Pérez pesan acusaciones de asociación ilícita y encubrimiento en el fraude a la seguridad social, destapado en abril, y la defraudación a las aduanas, revelada en abril. Fischer adujo que se violó la Constitución Política al incumplirse los procedimientos.
El diputado opositor Amílcar Pop, autor de la denuncia contra Pérez, dijo que la decisión de la corte es “una bofetada” contra el pueblo. A su vez, Hellen Mack, activista de derechos humanos y directora de la (no estatal) Fundación Myrna Mack, acusó a la CC de “corrupta” y dijo que “hay un retorcimiento de la ley”, en declaraciones a EL UNIVERSAL.
La decisión del Constitucional atizó la crisis. El diputado Baudilio Hichos, del opositor partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), renunció ayer por la mañana a integrar y presidir la Comisión Pesquisidora por un contrato irregular que habría suscrito con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), instancia de la ONU, acusaron a Hichos de fraude, asociación ilícita y tráfico de influencias en un acuerdo con el IGSS por unos 250 mil dólares para obras de infraestructura en una clínica. “Asumo las denuncias con la frente en alto y considero que es mejor no presidir esta Comisión”, anunció Hichos en el Congreso, quien en entrevista con este diario había admitido ser culpable de nepotismo, pero rechazó las acusaciones de narcotráfico, contrabando de madera y otros cargos.
Como representante legal de Pérez, el abogado guatemalteco Carlos Alvarado, de la presidencia, compareció ayer ante la Comisión para entregar un informe sobre los hechos que involucran al gobernante. El presidente acusó ayer a la CSJ de falta de investigación sobre su caso. “Se nota que no investigaron porque pareciera” que hay errores en el proceso y “debió haber investigado antes de remitirlo al Congreso”, alegó.
