"Que el presidente responda, como cualquier persona"

Un indígena maya-qeqchí guatemalteco consiguió, por primera vez en la historia de Guatemala, que la Corte Suprema de Justicia ordenara que un presidente de la República sea sometido al antejuicio del Congreso, que decidirá si le despoja de su inmunidad para procesarle penalmente por presunta corrupción política.

El indígena Amílcar Pop Ac, de 37 años, es diputado por el opositor partido Winaq y el presidente Otto Pérez Molina, de 64, es un general en retiro. “No es nada personal contra el presidente”, aclaró Pop en una entrevista con EL UNIVERSAL, al contar que, por seguridad, envió a su esposa y a sus hijos al exilio hace varios años por dos atentados —una balacera y una golpiza— que sufrió en su lucha contra la corrupción en Guatemala.

Pop denunció el 22 de mayo anterior a Pérez ante el Ministerio Público por asociación ilícita. La Corte pidió el 10 de junio al Congreso iniciar el antejuicio al presidente para que determine si amerita enjuiciarle por los millonarios casos de fraude a la seguridad social y defraudación aduanal destapados en abril de este año. El legislador ratificó este martes sus denuncias y añadió el cargo de encubrimiento, al comparecer ante la Comisión Pesquisidora designada por el Congreso el pasado viernes para que haga el antejuicio y remita su recomendación al pleno legislativo.

Pérez, quien rechaza las acusaciones, enviará a un representante legal a que comparezca hoy en su nombre ante la Comisión, confirmó anoche a este diario la presidencia de Guatemala. Ayer mismo, el diputado Baudillo Hichos, quien preside la Comisión Pesquisidora, enfrentó acusaciones de fraude, asociación ilícita y tráfico de influencias. El comisionado Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala de Naciones Unidas, dijo que junto con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, presentaría ayer una solicitud de antejuicio en su contra para que se le retire la inmunidad y pueda ser investigado.

¿Qué dimensión tiene esta etapa que vive Guatemala desde abril con el masivo y espontáneo reclamo popular que exige la dimisión de Pérez y enterrar la corrupción?

—Estamos viviendo un momento histórico. Una reacción ciudadana maravillosa no vista en los últimos 70 años que le apuesta a la institucionalidad y sin violencia.

El efecto de esta suma de esfuerzos, la reacción ciudadana y la lucha jurídica que he emprendido, no es aislado ni un ‘show’ político mío. He llevado a tribunales más de 100 procesos penales por corrupción. Tengo enjuiciados a seis ministros de Estado. Este es el cuarto proceso que impulso para quitarle la inmunidad a Pérez. Los otros fueron rechazados. El cuarto fue aceptado al considerarse que había elementos suficientes para retirarle la inmunidad.

¿Qué significa que un indígena lleve a la justicia a un presidente-general en retiro?

—Más allá de lo emotivo e histórico, es la primera vez que un presidente es sometido al escrutinio político del Congreso. Me siento satisfecho pero no orgulloso, porque se exhiben nuestras carencias, debilidades y vergüenzas como Estado y sociedad ante corrupción e impunidad. No es nada personal ni emotivo contra el presidente, ni de ser esclavo de nuestras pasiones. Es de principios contra la corrupción. El país lo merece. Sin duda estamos sometidos y sumergidos en corrupción e impunidad.

¿Cuál sería el desenlace idóneo?

—Que la Comisión llame a retirar la inmunidad al presidente y ojalá pronto adoptemos esa decisión en mayoría para someterle a juicio y que, como cualquier guatemalteco común y corriente, responda con todos los procedimientos a su alcance para su defensa.