El presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, exhortó ayer al ejército de Guatemala a “que se respeten los debidos procesos” ante la profunda crisis institucional por los escándalos de corrupción política que llevaron a la Corte Suprema de Justicia a solicitar al Congreso que decida si levanta la inmunidad al Jefe de Estado, por sus presuntos nexos con las denunciadas defraudaciones millonarias a la seguridad social y a las aduanas.
“No nos vamos a prestar a ningún rompimiento institucional”, advirtió, por su parte, el ministro guatemalteco de Defensa, general de división Manuel Augusto López Ambrocio, después de reunirse ayer con Pérez.
En un ambiente generalizado de desconfianza e incertidumbre, el Congreso escogió ayer al azar, en sesión extraordinaria, a los cinco diputados de la “Comisión Pesquisidora”, que indagará al jefe de Estado con un antejuicio y emitirá una recomendación que deberá ser sometida al pleno legislativo. El Congreso, sin embargo, eludió fijar un plazo a la Comisión para pronunciarse, lo cual puede prolongar el trámite indefinidamente.
En la Comisión sólo hay un diputado oficialista, Mario Linares, del gobernante Partido Patriota (PP), que en 2011 ganó los comicios y llevó a Pérez a la presidencia desde 2012 para una gestión de cuatro años. El resto son los opositores Baudilio Hichos, Fernando García y Juan Chun, del partido Libertad Democrática Renovad (LIDER), y Hugo Morán, de Compromiso, Renovación y Orden (CREO).
La Corte instruyó al Congreso el pasado miércoles a que abra antejuicio a Pérez y resuelva si le retira la inmunidad para enjuiciarlo por su supuesta responsabilidad en dos casos de corrupción que han sacudido a Guatemala en los últimos dos meses: un fraude al estatal Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y una millonaria defraudación en aduanas.
Militares. Luego de reunirse con la cúpula castrense y en alusión al abultado historial guatemalteco de golpes de Estado en un país gobernado por militares de 1954 a 1986, Pérez afirmó que ahora hay “una visión diferente a la que antes los políticos usaban al tocar las puertas de los cuarteles. Eso, afortunadamente, es parte de la historia del país”.
Ante una de las más graves crisis institucionales en más de 29 años tras el repliegue de los militares a sus barracas, el gobernante aclaró en conferencia de prensa que el encuentro estaba programado hace un mes e informó que “aproveché para contarles de la coyuntura de lo que está sucediendo y actualizarlos en las situaciones, pedirles que se respeten los debidos procesos”. La reunión permitió solicitar a los militares “el fortalecimiento de la institucionalidad del país, que es algo que el ejército por años ha hecho”, agregó el mandatario, general en retiro que en 2012 se convirtió en el primer militar en asumir la presidencia de Guatemala tras el retorno de la democracia en 1986.
La Corte de Constitucionalidad ordenó ayer al gobierno que proteja hoy a los participantes en las ya tradicionales marchas vespertinas sabatinas con las que miles de guatemaltecos se reúnen desde mediados de abril anterior frente a la sede presidencial, para exigir la renuncia de Pérez.
Por la mañana, la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala suspendió el amparo interpuesto ayer por un jurista en nombre del presidente, cuyo objetivo era detener la solicitud de antejuicio contra Otto Pérez.
Así lo anunció el secretario general de la CC, Martín Guzmán, en una conferencia de prensa celebrada tras el pleno de magistrados.
La acción de amparo la interpuso ayer el abogado Edgar José Elías Corominal, sin consentimiento del mandatario, para frenar el antejuicio solicitado contra Pérez Molina por el diputado opositor Amílcar Pop, que acusó al presidente de estar involucrado en dos casos de corrupción.
Guzmán indicó que el pleno de magistrados tomó la determinación de suspender la petición de amparo después de que Pérez Molina enviara ayer una declaración en la que aseguraba que “no consintió ni tuvo conocimiento” de esa acción. Con información de agencias