La incertidumbre política se intensificó ayer en Guatemala, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de pedir al Congreso que abra un antejuicio por presunta corrupción al presidente, Otto Pérez Molina, y resuelva si levanta la inmunidad al primer militar que gobierna desde 1986, en un hecho que agudizó las tensiones internas y fortaleció al movimiento callejero que exige la renuncia del gobernante.
Por su parte, el mandatario reiteró ayer que no dimitirá porque no tiene ninguna responsabilidad en dos casos de corrupción que conmocionaron a la sociedad en los últimos meses. Al hacer su primera aparición ante los medios de comunicación tras la decisión de la corte, Pérez Molina dijo que “no tengo ninguna responsabilidad, me puedo sentir tranquilo que no he cometido ningún hecho delictivo en relación a estas situaciones”.
Pérez Molina dijo que no renunciará porque tiene “una responsabilidad constitucional” que el pueblo le otorgó en las urnas. Más tarde, un vocero presidencial desmintió que el mandatario hubiera solicitado un amparo ante la Corte de Constitucionalidad.
En un hecho histórico por carecer de precedentes, la resolución abrió la posibilidad de sepultar un tabú en 29 años en la cuestionada democracia guatemalteca: la impunidad que hace más de 60 años cobija a militares, políticos y poderes ocultos dominantes.
La gran interrogante es si el fallo emitido el miércoles por la corte marcará el inicio de una batalla política para que los intocables sean finalmente sometidos a la justicia, en una acción apoyada por decenas de miles de guatemaltecos que desde abril anterior piden la renuncia de Pérez en masivas protestas anticorrupción.
La corte autorizó abrir antejuicio a Pérez, para que el Congreso decida si le retira la inmunidad y sea enjuiciado por su presunto involucramiento en dos casos que le arrinconaron en la fase final de su administración, que inició en enero de 2012 y, salvo imprevistos, concluirá en enero de 2016.
Uno de los escándalos es un fraude al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el otro es una millonaria defraudación fiscal en las aduanas; ambos provocaron la caída de estrechos aliados del mandatario, como su ahora ex vicepresidenta Roxana Baldetti, con la detención de 44 guatemaltecos de sectores públicos y privados.
El Congreso tiene previsto designar hoy en la tarde, por sorteo, a una comisión parlamentaria que indagará al mandatario. El presidente legislativo, diputado Luis Rabbé, describió la tarea como “trámite que la Constitución ordena”.
Así, los días de agitación se agudizan en un país inmerso en la campaña para los comicios generales del próximo 6 de septiembre. “Hay un rechazo popular bastante marcado hacia la clase política, descrita como ente corrupto y corruptor. Los partidos políticos se favorecen de la corrupción”, dijo el guatemalteco Nery Rodenas, director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, a EL UNIVERSAL.
“El descontento popular rechaza la forma como el Estado ha sido administrado por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Estamos frente a una válvula de escape por las irregularidades de los diferentes gobiernos, ya que los casos recientes destapan una corrupción que tampoco es novedad en Guatemala, por el enriquecimiento de funcionarios de diferentes gobiernos”, subrayó.
“Frente a la crisis institucional, el pueblo guatemalteco halló una opción para exigir un cambio radical y acabar con la corrupción”, añadió.
Nuevo juicio a Ríos Montt. El clima convulso registró ayer un hecho simbólico, al informarse que el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, general acusado de cometer genocidio como gobernante de facto de 1982 a 1983, será enjuiciado el próximo 23 de julio, en un nuevo intento contra la impunidad.
Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión el 10 de mayo de 2013 por el asesinato de mil 771 indígenas ixiles durante su régimen de facto, pero 10 días después la Corte de Constitucionalidad de Guatemala anuló la sentencia por errores en el proceso y ordenó un nuevo juicio.
“Nosotros estamos preparados para demostrar en el nuevo juicio que sí se cometió genocidio”, aseguró ayer a EFE el abogado Héctor Reyes, del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH), que actúa como querellante en el proceso en apoyo a las víctimas. Con información de agencias