Guatemala.— El Congreso de Guatemala investigará al presidente Otto Pérez Molina, después de que la Corte Suprema diera trámite ayer a un antejuicio solicitado por la oposición, que lo considera responsable por los escándalos de corrupción que han llevado al arresto y dimisión de varios altos funcionarios.
El legislativo, donde el conservador Partido Patriota de Pérez Molina no tiene mayoría, conformará en los próximos días una comisión investigadora que valore si existen indicios para retirar la inmunidad al presidente y abrir una causa judicial.
“Es un proceso legal, va para una segunda instancia al Congreso y vamos a estar a la espera de la resolución de dicho organismo”, dijo el portavoz presidencial Jorge Ortega, quien precisó que en el gobierno existe “extrañeza”, porque Pérez Molina se ve obligado por la ley a nombrar a los directivos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), pero no tiene “ninguna responsabilidad” en la toma de decisiones de los dos organismos, protagonistas de sendos escándalos de corrupción.
Los guatemaltecos han realizado marchas masivas en las últimas semanas para exigir la renuncia de Pérez, general retirado de derecha, después de que aliados cercanos se vieron implicados en una red de malversación en las aduanas y un fraude el seguro social del país.
Es en este contexto que la Corte Suprema dio trámite a una solicitud que buscaba que el Congreso le retirara la inmunidad a Pérez Molina, con base en la denuncia presentada por el diputado de izquierda Amílcar Pop, que acusa al mandatario de estar vinculado con los escándalos de corrupción por fraude en el SAT y en el seguro social, éste último por 15 millones de dólares.
El presidente de la Corte Suprema, Josue Baquiax, dijo en rueda de prensa que la resolución fue por unanimidad y ha sido enviada al Congreso, que deberá elegir una comisión de cinco diputados para investigar la denuncia. En base a la decisión de la comisión, que tiene un plazo máximo de 60 días para entregar el informe, el Congreso decidirá si retira o no la inmunidad al mandatario.
Baquiax precisó que “la decisión se basó en los argumentos del denunciante”, en tanto Pop señaló que el presidente “debe someterse a un juicio penal por los vínculos y por la posibilidad de que haya cometido varios delitos”. “Veo al presidente renunciando y eso generará un triunfo en la población”, remató el diputado.
El presidente Pérez ha destituido a varios ministros y colaboradores y la ex vicepresidenta Rossana Baldetti renunció el 8 de mayo en un intento por bajar la presión en las calles, a pocos meses de unas elecciones en las que improbable que su partido retenga el poder.
Pérez Molina no ha sido mencionado en las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo patrocinado por la ONU, que han llevado al arresto del presidente del Banco Central, del jefe del Seguro Social y el superintendente Tributario.
Según las autoridades, la red de defraudadores desarticulada por la fiscalía y la CICIG era liderada por Juan Carlos Monzón Rojas, entonces secretario privado de la vicepresidenta Baldetti. De tal suerte, la fiscalía ha allanado inmuebles, inmovilizado cuentas bancarias y prohibido la salida del país de Baldetti por estos hechos. La ex vicepresidenta ha negado su vinculación. Agencias