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El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó hoy una apelación del estado de Arizona para que volviera a entrar en vigor una ley que negaba la concesión de la libertad bajo fianza a los inmigrantes indocumentados acusados de ciertos delitos.
En una breve nota, la máxima instancia judicial del país comunicó su rechazo a pronunciarse sobre la petición del condado de Maricopa (Arizona) para que volviera a entrar en vigor esa ley, aprobada en 2006 por los votantes del estado.
Esta legislación, conocida como Proposición 100, impedía salir en libertad bajo fianza a aquellas personas acusadas de delitos "graves" (como hurto, robo de identidad, asalto sexual o asesinato) que "habían entrado o permanecido en Estados Unidos de manera ilegal".
Cuatro de los nueve jueces del Supremo, que tienen cargos vitalicios, deben votar a favor para que un caso examinado por instancias judiciales inferiores vuelva a ser considerado.
En esta ocasión, solo tres magistrados consideraron oportuno atender la petición del condado de Maricopa, así que el Supremo no emitió una opinión al respecto, respaldando la decisión que tomó en octubre de 2014 la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, ubicada en San Francisco (California).
Esta corte dictaminó entonces que la ley de Arizona era inconstitucional y constituía una violación del principio de debido proceso y ahora su opinión será la que prevalezca en el caso.
Los tres jueces del Supremo que se posicionaron a favor de reconsiderar la decisión de la corte de apelaciones son Clarence Thomas, Antonin Scalia y Samuel Alito, todos ellos de perfil conservador.
En un documento de cuatro páginas, estos tres magistrados consideraron que "el rechazo del Supremo a escuchar el caso muestra un respeto insuficiente por el estado de Arizona, sus votantes y su Constitución".
En el mismo sentido, los abogados del condado de Maricopa argumentaron en su petición que los inmigrantes que estaban en el país de forma ilegal no tenían suficiente arraigo como para permanecer en EU a la espera de juicio, de forma que había que mantenerlos en prisión para que rindieran cuentas ante la Justicia.
Frente a ello, la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), personada en el caso, argumentó ante las diferentes instancias judiciales que la ley de Arizona privaba a los inmigrantes de un juicio justo y violaba su presunción de inocencia.
"Esta injusta ley señalaba a los inmigrantes como sujetos en riesgo de fuga, ignorando sus lazos con la comunidad y considerándolos, con completa falta de prueba, como personas que son más propensas a huir que otras", señaló en su web esta asociación, una de las más importantes en la lucha por los derechos civiles.
El estado de Arizona es conocido por sus controvertidas medidas migratorias, como la ley SB1070, que entró en vigor en 2010.
Esta legislación daba amplios poderes a las autoridades locales y estatales para detener a las personas sospechosas de estar ilegalmente en el país y consideraba un delito que los inmigrantes no pudieran presentar ante la Policía la documentación pertinente para acreditar que residían en EU de forma legal.
En 2012 el Supremo anuló tres de las cuatro cláusulas más conflictivas de la ley, aunque mantuvo la que permite a la Policía del estado pedir la documentación a las personas sospechosas de vivir irregularmente en el país.
