En una decisión que ha propinado un duro revés a la administración de Barack Obama, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleáns resolvió ayer dejar en suspenso los programas de Acción Diferida que el presidente de Estados Unidos convirtió en estandarte y trinchera de su mandato para proteger a casi 5 millones de indocumentados de redadas y deportaciones exprés.
Con esta decisión, una de las cortes de apelaciones conocida por su tendencia conservadora se puso del lado del juez texano Andrew Hanen, quien el 16 de febrero ordenó el bloqueo temporal de los decretos migratorios hasta que no se resuelva una demanda presentada por 26 estados bajo control republicano, liderados por Texas, cuyo gobernador, Greg Abbott, afirmó ayer que “el intento del presidente de eludir la voluntad del pueblo estadounidense fue controlado con éxito nuevamente”.
En noviembre, Obama emitió órdenes ejecutivas que buscaban evitar la deportación de más de cuatro millones de padres indocumentados con hijos ciudadanos o residentes permanentes, así como ampliar el programa que beneficiaba a los dreamers.
Los abogados del Departamento de Justicia argumentaban que el retraso de los programas migratorios causará “un daño irreparable” tanto a la seguridad nacional como a los indocumentados que se podrían beneficiar de los decretos migratorios.
La portavoz de la Casa Blanca Brandi Hoffine dijo que los jueces de la corte del Quinto Circuito “escogieron interpretar mal los hechos y la ley”.
“Esta no era una decisión inesperada ya que estamos hablando de una corte de apelaciones de tendencia conservadora. A pesar de ello, el impacto que tendrá sobre nuestra comunidad migrante será devastador”, dijo María Elena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Legal de Inmigración Nacional. “Estamos convencidos de que, al final, se nos dará la razón porque al presidente Obama le asiste la ley”, añadió.
En este sentido, hizo un llamado al Departamento de Justicia “para conseguir el desbloqueo” de las órdenes ejecutivas y trasladar a la brevedad el asunto ante el Tribunal Supremo.
“Lo ocurrido ayer es una muestra del activismo judicial llevado al extremo”, consideró a su vez Frank Sharry, de la organización America’s Voice, al asegurar que esta decisión supone “un retraso, pero no una derrota”. “Estamos seguros de que, cuando nos encontremos con un panel de jueces que decidan a partir de una lectura clara de la ley, y no a partir de sus inclinaciones ideológicas, los inmigrantes y sus familias van a ganar”, añadió.
Pese a todo, el liderazgo del movimiento migrante insistió en que los interesados en beneficiarse de los programas de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y para Padres de Estadounidenses (DAPA) sigan con sus preparativos para inscribirse.
El gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó ayer “profundamente” la decisión de la Corte de Apelaciones de EU y consideró “urgente apoyar y dar certeza jurídica a una comunidad valiosa, en particular a aquellos que llegaron en la infancia, así como a los padres de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes”
