El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó ayer una controvertida ley que aumenta la presión a “organizaciones indeseadas” y permite incluir ONG internacionales en una lista negra sin previo aviso.
La legislación, publicada el sábado en internet, advierte que aquellos ciudadanos rusos que tengan trato con organizaciones no bienvenidas también serán multados, ya sea al pago de elevadas sumas o incluso con sentencias de prisión.
La decisión de qué organizaciones serán incluidas en el listado estará a cargo de la fiscalía general en acuerdo con el Ministerio de Exteriores.
Por definición, el grupo de agrupaciones “indeseadas” estará integrado por organizaciones que hagan peligrar la seguridad de Rusia o contravegan disposiciones constitucionales. La medida apunta también a evitar “campañas desvergonzadas” desde occidente, explicó el diputado Alexander Tarnavski.
En Estados Unidos, la portavoz del Departamento de Estado Marie Harf señaló que la nueva ley rusa es un ejemplo de la represión que ejerce el gobierno de Moscú en voces independientes. Harf destacó la preocupación de EU sobre las crecientes limitaciones impuestas a medios independientes, a la sociedad civil, a minorías y a la oposición política, e instó al Kremlin a respetar el derecho de reunión y la libertad de expresión.
Ola cada vez más grande
El gobierno estadounidense respalda organizaciones civiles y multimillonarios programas de ayuda que operan en Rusia desde la caída de la Unión Soviética, pero las relaciones entre Moscú y Washington atraviesan momentos de fuertes tensiones a raíz del conflicto en Ucrania.
Human Right Watch (HRW) y Amnistía Internacional también criticaron la nueva disposición como una “ola cada vez más grande de represiones”. El legislativo ruso ya había aprobado en 2012 una medida que permitía declarar “agentes extranjeros” a ONG financiadas por entes fuera de Rusia.