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Lima.— El pasado 27 de enero, el diario español ABC soltó una bomba contra Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y segundo hombre fuerte del chavismo, al acusarlo de estar involucrado en el narcotráfico, con base en la información de Leamsy Salazar, un desertor venezolano y testigo protegido en Estados Unidos.
Medios venezolanos como El Nacional, Tal cual y el portal lapatilla.com publicaron la noticia, lo que desató la furia de Cabello, quien el 21 de abril presentó una demanda contra estos medios. El pasado martes, un tribunal dictó impedimento de salida del país contra 22 personas: accionistas, directores y el consejo editorial de dichos medios.
Miguel Henrique Otero, director de El Nacional, es uno de los querellados. Él está en EU y El Comercio lo contactó telefónicamente.
¿Volverá a Venezuela?
—Sí, voy a volver.
¿Cómo toma la decisión de impedirle la salida del país?
—En Venezuela, los tribunales, los jueces son como funcionarios del Ejecutivo, porque no hay independencia de poderes. Las decisiones que ellos toman son medidas cautelares, que son en realidad las sentencias. Todos los presos políticos que hay en el país están sometidos a juicios, los cuales no avanzan, pero lo que sí avanzan son las medidas cautelares.
Por ejemplo, en los casos más connotados como los de Leopoldo López o Antonio Ledezma, ellos tienen unas acusaciones que son muy débiles, pero están sujetos a unas medidas cautelares que en sus casos supone ir presos. Entonces, el juicio puede durar 10, 20 años. A los 20 años a usted le pueden decir “es inocente”, pero ya pasó todos esos años preso.
En su caso, ¿qué sucederá?
—Hay algo similar. La penalidad máxima que tiene un juicio de difamación son estas medidas cautelares, que es la prohibición de salida, el régimen de presentación, etc. El juez tomó esta decisión sin haberme notificado, sin haber abierto el juicio, lo cual también es una irregularidad.
En Venezuela no hay ni el derecho a la defensa ni la posibilidad de defenderse de las medidas cautelares de los jueces, porque las toman de manera discrecional y por órdenes del Ejecutivo.
¿Le han explicado cuál es el sustento de esta decisión del juez?
—No. No hubo audiencia.
¿Cree que tiene opciones de ganarle al señor Cabello?
—No. Pero el problema no es ganarle, el problema es demostrar que todo fue una arbitrariedad. Estamos dispuestos a dar la pelea. Entiendo que no será fácil. Pero creo que vale la pena dar la cara y demostrar las irregularidades y luchar por la libertad de expresión.
¿Cuando se publicó la noticia el señor Cabello pidió la rectificación?
—No. Nunca lo hizo. Si él hubiera pedido una entrevista, una aclaratoria, se la hubiera dado.
¿Qué hay detrás de la denuncia?
—Es un pretexto para, a través de un mecanismo judicial, atacar a los medios de comunicación que van quedando. Es parte de una estrategia que tiene años, donde ellos van limitando la libertad de expresión a través del cierre de estaciones de radio, de televisión, limitaciones en la importación de papel, juicios, campañas de descrédito, represión administrativa con la publicidad oficial y el tema tributario.
¿Se le ha pasado por la cabeza vender el diario?
—No. Nos hicieron ofertas y decidimos no venderlo. El Comercio
