La petrolera estatal Petrobras expulsó a los ejecutivos corruptos y dejó atrás un escándalo de sobornos, al tiempo que alcanzó niveles de producción históricos en sus depósitos costa afuera, dijo el jueves la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.

Las acusaciones contra ex altos ejecutivos de Petroleo Brasileiro SA y la investigación a decenas de políticos aliados a la presidenta brasileña en un escándalo multimillonario de corrupción ha dejado al gobierno de Rousseff en crisis y socavado la confianza de los inversores en Brasil.

Rousseff, que niega haber conocido del esquema de corrupción que se desarrolló mientras era presidenta de Petrobras, entre 2003 y 2010, dijo que la petrolera había puesto la casa en orden.

"Petrobras sigue de pie. Ha limpiado lo que debía limpiarse y se libró de quienes aprovecharon sus puestos para enriquecerse", dijo Rousseff en Río de Janeiro, después de la inauguración de un proyecto de viviendas de bajo costo.

La mandataria dijo que Petrobras había dado vuelta la página en el caso de corrupción y que había reportado una producción récord de 700.000 barriles de petróleo por día (bpd), proveniente de la región subsal que controla costa afuera.

Sin embargo, la compañía ha tenido que reducir sus planes de inversión y proyectos de infraestructura. El ministerio público de Brasil investiga a decenas de sus contratistas, por sospechas de que habrían estado implicados en el esquema de sobornos.

Petrobras también enfrenta demandas legales en Estados Unidos por accionistas que buscan una compensación por la pérdida de valor de los activos.

Más temprano el jueves, Petrobras dijo que aún no tiene una fecha para publicar los resultados auditados de su tercer y cuarto trimestre.

Rousseff, reelegida por un escaso margen en octubre, ha visto su popularidad desplomarse. Los sondeos muestran que la mayoría de los brasileños la consideran responsable de la corrupción en la mayor compañía del país.

El contralor general del país investiga a 29 empresas por cargos civiles y los fiscales acusan a 97 personas por cargos de asociación delictiva, sobornos y lavado de dinero.

Los fiscales investigan a 47 políticos -todos de la coalición de gobierno de Rousseff, excepto uno- por acusaciones de que recibieron dinero malversado, que se desvió de contratos de firmas de construcción e ingeniería con Petrobras.

El jueves, João Vaccari, tesorero del Partido de los Trabajadores, al que pertenece Rousseff, dijo a una comisión del Congreso que todas las donaciones de esos contratistas al partido estaban legalmente registradas.

En un extracto difundido el miércoles de una entrevista con el canal CNN en español, Rousseff dijo que estaba "absolutamente segura" de que ninguna parte del dinero proveniente de sobornos se usó para financiar su campaña electoral.

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