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Madrid.— El gobierno español se desmarcó ayer de la investigación sobre el patrimonio del ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y ex vicepresidente económico, Rodrigo Rato, intentando tomar distancia de un escándalo que afecta al que fuera uno de los pilares del gobernante Partido Popular (PP), cuando falta un mes y medio para las elecciones autonómicas y municipales y ocho meses para las generales.
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que el caso se enmarca en el “ámbito privado” y que el gobierno no tiene previsto dar explicaciones más allá de una comparecencia, el martes, del director de la Agencia Tributaria en el Congreso, mientras el Juzgado 31 de Instrucción de Madrid ordenó a entidades financieras españolas bloquear las cuentas corrientes, depósitos, fondo de pensiones y de inversión, así como diversos productos financieros a nombre de Rato.
Tras pasar más de siete horas detenido el jueves, acusado de lavado de dinero, alzamiento de bienes y fraude fiscal, Rato, quien fuera vicepresidente del gobierno español en el gobierno de José María Aznar (1996-2004), volvió a vivir ayer una dura jornada en la que fue insultado e increpado por numerosos ciudadanos cuando salía de su vivienda en el céntrico barrio de Salamanca de Madrid, y se dirigía a su despacho.
Rato, quien aseguró que no tiene ninguna sociedad “ni en un paraíso fiscal y, ni siquiera, fuera de la Unión Europea”, iba a presenciar el registro que volvieron a realizar los agentes del servicio de Vigilancia Aduanera dependientes de la Agencia Tributaria, quienes una vez más sacaron numerosa documentación de su despacho. Y al bajarse del vehículo, tuvo que escuchar insultos de transeúntes como “hijo de...”, “cabrón”, “ladrón” y “chorizo” cuando intentaba entrar en el edificio.
Sáenz de Santamaría aseguró que las instituciones públicas demostraron que funcionan, en un momento delicado para las dos grandes formaciones políticas tradicionales, PP y Partido Socialista (PSOE), que podrían sufrir en las urnas la indignación de la ciudadanía ante los diversos escándalos políticos y financieros.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, agregó que “da igual la pertenencia a un partido o no, el relieve social o el relieve político o el poder político o económico que uno se atribuya. Todos somos iguales ante la ley y eso es algo que tiene que hacer cumplir un gobierno”.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montoro —que trabajó a las órdenes de Rato años atrás en el Ministerio de Economía— dijo que la investigación ordenada por la Fiscalía de Madrid por los presuntos delitos de lavado de dinero, fraude fiscal y ocultamiento de bienes tiene que ver con su patrimonio en el extranjero.
Montoro aseguró que las acciones judiciales son consecuencia de las pesquisas realizadas por la Agencia Tributaria y subrayó que no tienen relación con la amnistía fiscal que el gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2012 y a la que el ex director del FMI se habría acogido.
Rato, de 66 años, fue puesto en libertad la noche del jueves al considerar el fiscal que no había necesidad de pedir su ingreso en prisión. Tampoco se vio obligado a prestar declaración ante el juez. Los registros se llevaron a cabo tras una denuncia presentada el jueves por la Fiscalía en los juzgados de Instrucción de Madrid contra él y otras personas por los delitos de fraude, alzamiento de bienes (delito que persigue la ocultación de patrimonio que podría cubrir deudas o finanzas) y lavado de dinero, y para evitar que destruyera las pruebas.
También se le investiga por un entramado de empresas y sociedades que creó para intentar alzar bienes y evitar embargos y los creó a nombre de sus tres hijos, su hermana y su sobrina, y que están domiciliadas en paraísos fiscales. Y por haber llevado a cabo tráfico de divisas por valor de 12 millones de euros mediante operaciones en Luxemburgo, Suiza y Gibraltar.
Ayer ni el presidente Mariano Rajoy ni Aznar hicieron ningún tipo de declaraciones. Muchos temen que Rato, considerado durante años el artífice del milagro económico español, ingrese en prisión antes de que se celebren las elecciones generales, lo que sería un duro golpe para el partido en el gobierno.
Ayer el Consejo de Ministros aprobó una modificación de la Ley General Tributaria que permitirá publicar una lista de aquellos que no cumplen con sus obligaciones fiscales para que paguen. La lista estará compuesta por aquellos contribuyentes que el próximo 31 de julio deban a la Hacienda pública más de un millón de euros.
También saldrá a la luz pública una lista de defraudadores con las sentencias condenatorias firmes de los delitos contra la Hacienda pública que se confirmen tras la entrada en vigor de la reforma, aunque deriven de hechos acaecidos previamente. La reforma se mandará a las Cortes para que sea aprobada a finales de año. Justo antes de las elecciones generales. Con información de agencias
