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En noviembre de 2014 la Suprema Corte terminó con la tradición legal prohibicionista que durante décadas se mantuvo en México, con la restricción del consumo lúdico de la marihuana y un uso terapéutico del cannabis acotado.
Desde el punto de vista de la política en salud, dicha prohibición descansa en un razonamiento impecable: el consumo en el país es relativamente bajo y el presupuesto para combatir adicciones está rebasado por las drogas legales, ¿para qué legalizar otra?
Pero la SCJN resolvió que la Ley General de Salud (LGS) vulneraba el derecho al libre desarrollo de las personas al prohibir la marihuana al tiempo de permitir el alcohol y el tabaco. No habiendo grandes diferencias en los efectos a la salud entre la mota y las drogas legales, no existe justificación para prohibirla.
La Corte ordenó a la Cofepris, que entonces yo dirigía, emitir cuatro permisos para el uso lúdico de la marihuana, lo que se cumplió de inmediato. Esta fue la primer regulación en México que legalizó esta droga, todo un parteaguas en la política pública nacional.
A partir de estos cuatro amparos, el Ejecutivo convocó a un debate con los diversos sectores involucrados. El resultado fue dual: primero se reconoció que la prohibición transversal era un error porque se perdía la oportunidad de explotar los efectos medicinales, y segundo se mantuvo el consenso de que la prohibición al uso recreativo se debía sostener.
Fue así que en 2017 se reformó la LGS para reconocer el uso medicinal de la marihuana, permitiendo la producción de medicamentos con base en el cannabis, y la entrada a productos del cáñamo o CBD tales como suplementos alimenticios, bebidas y cosméticos.
En octubre de 2018 se emitió la regulación secundaria, insertando parcialmente a México en un grupo de países como Canadá, Suiza, Uruguay, Colombia y algunos estados de la Unión Americana, como California.
A partir de su legalización el consumo se incrementó de 2013 a 2016 de 19% a 25% en Colorado, de 18% a 22% en Washington y de 9% a 15% en Uruguay. En Estados Unidos el gasto en cannabis legal en 2018 ascendió a 11 billones de dólares y se calcula que crecerá a 22 en 2022. En Canadá, el valor de las primeras 10 empresas con permisos para comercializar después de la legalización se triplicó y la principal productora de aceite de CBD multiplicó 6 veces su valor.
En noviembre pasado, la entonces senadora Olga Sánchez Cordero presentó una iniciativa que reconoce los usos medicinal e industrial del cannabis, pero que en esencia da el “volantazo” en materia de política de drogas, reconociendo el uso lúdico y planteando un esquema para regular su producción, transformación y comercialización a través de licencias con la creación de un “Instituto Mexicano para la Regulación y el Control del Cannabis”.
De aprobarse, México se convertiría en uno de los países más abiertos en el uso del cannabis. Se podrían autorizar desde cooperativas de autoconsumo hasta laboratorios y tiendas, para vender, entre otros, cigarros de mota que se podrían fumar en espacios públicos.
Se podrían integrar verticalmente empresas en México para sembrar el cannabis en invernaderos de alta tecnología con fines industriales o de exportación, procesar la planta en aceites para manufacturar productos con CBD, utilizar la flor para elaborar cigarrillos y comercializarlos. Esto tendría efectos económicos en nuestro país desde un inicio. Sólo California, a partir de la legalización, ha generado que la demanda triplique la oferta, y en Colombia se han instalado invernaderos exclusivos para exportar a Canadá.
Lo que he relatado inició apenas en 2014. En 5 años pasamos de la prohibición de la mota que se había asumido como inamovible, a un 2019 donde estamos en la antesala de ser uno de los países más permisivos del mundo. Esto le deja al legislativo la no fácil tarea de equilibrar el derecho a desarrollar libremente la personalidad con el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución.
Ex director del IMSS y ex comisionado de Cofepris
