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El debate público nacional parece estar reducido a lo que dice, hace o piensa hacer el Presidente de la República. La capacidad comunicativa y la omnipresencia mediática del titular del Poder Ejecutivo Federal quizá nos esté impidiendo ver otras áreas de oportunidad en las que tenemos mucho por mejorar y por construir. Una de esas áreas es la de la justicia que se imparte en las entidades federativas.
Los tribunales locales no suscitan mucha atención de los medios de comunicación y tampoco de los académicos. La comentocracia no los tiene entre sus temas. Casi nadie les pone atención, pero su tarea es inmensa y afecta a millones de personas.
Según datos del Inegi, cada año se inician 710 mil procedimientos judiciales en materia familiar (divorcios, pensiones alimenticias, adopciones, régimen de visitas de los hijos, etcétera). Todos ellos son atendidos por tribunales locales.
También lo son los más de 500 mil asuntos que en materia civil se inician cada año, al igual que un número muy considerable de los asuntos laborales que afectan la productividad del sector y del sector empresarial, además de contribuir al llamado “clima de inversión” del país, tan vapuleado en las semanas recientes.
Otro dato: 92% de todos los delitos que se cometen en el país son investigados y, en su caso, procesados, por los órganos judiciales de las entidades federativas.
Hace unas semanas se destapó un gran escándalo de corrupción por el manejo fraudulento de juicios hipotecarios en varias entidades. Con la complicidad de despachos de abogados y de varios notarios, jueces locales en al menos tres distintas entidades utilizaban juicios hipotecarios “fabricados” (en los que se notificaban a docenas de demandados mediantes “edictos” publicados en las gacetas y diarios oficiales, así como en periódicos de circulación local), para quitarles a sus legítimos propietarios decenas de miles de casas de interés social. ¿Quién supervisa a esos jueces, qué tipo de sanciones se les deben imponer, qué se está haciendo para combatir la evidente corrupción que existe en algunos —no en todos, cabe aclarar— órganos judiciales de las entidades federativas?
Esas preguntas merecen respuestas concretas. Pero también deberíamos preguntarnos cómo se nombra a esos jueces y magistrados locales, qué grado de independencia tienen frente a gobernadores, si cuentan o no con ingresos dignos y apropiados, si tienen los medios materiales para impartir justicia pronta y expedita, si sus condiciones de permanencia en el cargo aseguran que lo ejerzan con autonomía y sin tener agenda política, entre muchas otras cuestiones.
Millones de mexicanos están de acuerdo en que el país debe cambiar. Pero no lo hará si solo tenemos la vista puesta en una persona y en los mensajes que le manda al país cada mañana. Debemos profundizar en la exigencia de rendición de cuentas y de combate a la corrupción. Debemos presionar para que quienes atienden las legítimas demandas de los ciudadanos sean personas bien preparadas, nombradas por sus méritos y no por sus conexiones políticas, que desempeñen el cargo con autonomía e independencia, que la corrupción se combata en serio, que no haya “dádivas” para inclinar la balanza de la justicia, ni procedimientos alterados para lucrar a través de las instituciones judiciales.
No cabe duda que hace falta mejorar mucho la justicia en México. El Presidente ha señalado en repetidas veces a la Corte y les ha dicho de todo a sus integrantes, pero nadie ha volteado a ver lo que sucede, día tras día, en el nivel más básico de la justicia: la que se imparte en cada una de las 32 entidades federativas. Ahí sigue privando la ley de la selva en muchos casos y abunda la corrupción.
Son muchas las cosas que pueden y deben hacerse. Podría empezar el Congreso expidiendo el código único en materia de procedimiento civil y familiar, que lleva meses dormido en la mesa de los legisladores. Podría la Conago generar un modelo de gestión eficiente para los tribunales locales. Podríamos fortalecer con más recursos humanos y financieros a las entidades federativas que lo requieren. Podríamos aumentar la plantilla judicial para acelerar los trámites. Que nadie diga que no sabemos lo que se debe hacer. Otra cosa distinta es que queramos o no hacerlo. De eso depende el futuro del país.
Investigador del IIJ-UNAM.
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