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Llevamos días y semanas enfrascados en la discusión sobre los sueldos del Poder Judicial de la Federación. Los puntos de vista se han ido extremando cada vez más, las posturas parecen del todo irreconciliables y hemos llegado al punto de quiebre en el que ya se están presentando agresiones físicas a integrantes de la judicatura federal. Nada de eso es bueno para México.
Un país democrático debe aprender a discutir los temas de interés público desde la serenidad y con argumentos, no a base de manotazos sobre los cofres de los coches que trasladan a los funcionarios. Algo no estamos haciendo bien.
Lo curioso, sin embargo, es que en medio de ese frenesí deliberativo en el que nos hemos instalado parece que se nos olvida lo más importante de todo: ¿qué medidas debemos tomar para el mejoramiento de la justicia en México? Sobre esto no se ha escuchado una sola voz en los días recientes.
Nadie está pensando qué hacer para que los procesos judiciales no sean tan largos y tortuosos, nadie tiene un plan para elevar el nivel de las sentencias de nuestros jueces (tanto a nivel federal como local, en cada una de las 32 entidades federativas), nadie ha propuesto nada para terminar con las mafias que controlan la ejecución de los laudos en materia laboral, y que prácticamente son grupos de choque para practicar desalojos y embargos. ¿Cuándo pasaremos a hablar de los temas de fondo, dejando atrás las cuestiones de pesos y centavos?
No lo digo porque el tema del dinero no sea importante (desde luego que lo es), pero me parece que nos estamos enfocando a discutir las percepciones de 11 funcionarios, que son los ministros de la Suprema Corte, cuando en realidad los problemas de la justicia mexicana van mucho más allá de esas oficinas ubicadas en Pino Suárez número 2.
Es curioso que la ira de las redes sociales se haya centrado en la Suprema Corte y no en los consejeros de la Judicatura Federal que ganan casi lo mismo, o en los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no se quedan atrás. Discutamos sobre sueldos, sobre privilegios, sobre abusos incluso (que los hay, sin duda), pero desde la amplitud de miras y no desde la mezquindad y la visión cortoplacista que parece pretender abatir la legitimidad de la Corte.
La actual campaña de odio hacia los jueces puede tener muy funestas consecuencias. Es probable, de inicio, que se produzca una fuga de talentos hacia el sector privado. En segundo lugar, tampoco se puede descartar que se hunda todavía más la confianza de la ciudadanía en la justicia, lo cual en nada ayuda para la construcción del Estado de derecho con el que muchos soñamos para México.
Un país no puede ser desarrollado si no cuenta con los mecanismos y resortes institucionales que nos permitan dirimir de forma pacífica nuestras diferencias. Esa es la función de los jueces y por eso es tan importante fortalecer su tarea y apoyar su trabajo. Contar con una Judicatura dedicada a hacer un trabajo de calidad es un paso civilizatorio de gran relevancia en la historia de la humanidad. En temas judiciales, tenemos que pedir un debate de mayor altura y no basado en el encono y la descalificación.
Si de verdad quiere el partido en el poder mejorar la justicia, debería enfocarse en expedir a la brevedad las nuevas reglas del procedimiento laboral (pendientes desde febrero de 2017) así como el futuro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (que podría haber estado listo desde hace más de un año y medio, sino fuera por la irresponsabilidad de los legisladores). Hay muchas cosas por hacer y por mejorar.
¿Cómo podemos atender mejor a las víctimas de la delincuencia, qué capacidades necesitamos mejorar de las fiscalías que investigan los delitos, cómo prevenimos la tortura de personas detenidas, qué hacemos contra las mafias que utilizan al Poder Judicial para asignarse de manera fraudulenta casas y terrenos, cómo nos apoyamos en las nuevas tecnologías para hacer notificaciones judiciales más expeditas, y muchas cosas más?
Ese es el debate que me gustaría estar presenciando. Lo malo es que ese debate requiere de cierto nivel intelectual y de alguna formación académica, aunque sea básica. Ninguna de las dos cosas abunda en el actual escenario político del país. No nos debe extrañar que nuestro debate público esté por los suelos. Nos lo merecemos.
Investigador del IIJ-UNAM.
@MiguelCarbonell
