Justamente cuatro días antes del sismo del 19 de septiembre se publicó una importantísima reforma constitucional, por medio de la que se faculta al Congreso de la Unión a dictar un código único (aplicable a toda la República) en materia de procedimientos civiles y familiares.
No es exagerado suponer que el impacto de dicha legislación cambiará de manera radical la forma en la que trabajan los abogados mexicanos, así como el destino de millones de personas que enfrentan problemas ante los tribunales del país.
Cabe sin embargo advertir que en un artículo transitorio del decreto de dicha reforma constitucional, se otorga al Congreso de la Unión un plazo de únicamente tres meses para tener listo el código único. Se trata de un plazo extremadamente breve, que permite augurar que el código se va a redactar, discutir y aprobar sobre las rodillas.
La práctica de legislar “al vapor”, al “cuarto para las doce”, en el “último momento” e incluso deteniendo el reloj legislativo no es algo extraño en la historia parlamentaria del país. Pero sus resultados son funestos. Tenemos leyes muy mal redactadas, que en vez de contribuir a la solución de los problemas, ayudan a crearlos o a agravarlos dada la forma en la que fueron escritas. Ojalá no pase eso con el futuro código nacional de procedimientos civiles y familiares.
Lo malo es que nadie sabe quién se va a encargar de preparar el proyecto, nadie está pensando en organizar foros de discusión para que los especialistas ofrezcan sus puntos de vista, nadie sabe sobre qué base de derecho comparado se debe aprobar el proyecto y así por el estilo. El tiempo pasa y estamos a ciegas.
Y lo mismo puede decirse de otra reforma de gran trascendencia, como lo es la reforma al procedimiento laboral, que afectará potencialmente a millones de trabajadores y patrones. Esta reforma al procedimiento laboral se trata —entre otros aspectos— de desaparecer a las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje para dar a paso a la creación de verdaderos tribunales laborales, cuyas reglas de funcionamiento deberán estar listas para febrero de 2018.
Esos nuevos juzgados y tribunales en materia laboral van a necesitar de presupuesto para poder trabajar, se les deberá proveer de recursos materiales (oficinas, muebles, computadoras, teléfonos, etcétera) y de recursos humanos, pero a la fecha ni siquiera se conoce el proyecto de reformas a la ley federal del trabajo o —si fuera el caso— de un nuevo código nacional de procedimientos laborales. Es increíble que en una materia tan estratégica para el desarrollo económico del país y para atraer inversiones extranjeras, todo se esté dejando para el último minuto.
Y a todo lo anterior hay que añadir la mala noticia de que los correspondientes proyectos de reforma legal deberán tramitarse en un Congreso de la Unión que tendrá a muchos legisladores novatos sentados en sus curules. Ya docenas de diputados y senadores han solicitado licencia para dedicarse a las precampañas electorales o han anunciado su intención de abandonar el cargo para el que fueron electos, dado su deseo de seguir viviendo del presupuesto público a partir del próximo periodo electoral. Se les conoce como los “legisladores chapulines”, ya que brincan de un cargo a otro sin cesar.
Recordemos que en el caso de la importante reforma del procedimiento penal, el periodo de puesta en funcionamiento fue de ocho años, en una materia que representa el 13% de todos los procedimientos judiciales del país. Y cuando finalmente llegamos a la fecha indicada (en junio de 2016) todavía teníamos muchas cosas pendientes de realizar. Ahora bien, los procedimientos en materia familiar suponen el 36% de todos los procedimientos judiciales que se desahogan ante nuestros jueces y tribunales y la materia civil abarca un 30% adicional. Es decir, estamos hablando de una reforma que tiene un potencial de impacto cinco veces superior al de la reforma penal, pero en la que sin embargo nos dimos siete años menos para prepararnos.
Ojalá que las barras de abogados, las escuelas y facultades de Derecho, las cámaras empresariales y hasta las asociaciones vecinales, eleven la voz y el nivel de exigencia hacia nuestros legisladores, para que se discuta con amplitud y de forma pública sobre el contenido de ambas reformas. Que no diga nadie después que no advertimos sobre la necesidad de evitar legislaciones hechas al vapor y de último minuto.
Investigador del IIJ-UNAM.
@MiguelCarbonell
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