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No tengo la menor idea sobre la responsabilidad de Ricardo Anaya en el delito de lavado de dinero. De hecho nadie la puede tener, aunque hayamos visto recientes análisis y comentarios de todo tipo, según los cuales se habrían configurado una serie de conductas delictivas por parte del candidato presidencial.
Desde luego que cada quien es muy libre de opinar sobre cualquier tema de relevancia pública, pero también lo es tener claro un principio esencial de todo Estado de derecho: la presunción de inocencia.
Que se sepa: nadie ha acusado formalmente a Anaya ante un juez; tampoco se le ha dado la oportunidad de declarar o de aportar ante una autoridad judicial las pruebas que justifiquen todas las dudas que pudieran tenerse sobre su patrimonio. Muchos menos existe una sentencia que lo declare culpable ni ha interpuesto contra ella recursos procesales de defensa. Es decir, jurídicamente no ha pasado nada ni hay elementos que acrediten su responsabilidad penal. Por lo tanto, hasta el día de hoy, es absolutamente inocente.
Todo el revuelo mediático es reflejo de una pésima costumbre de la justicia mexicana: la filtración de informaciones que forman o deben formar parte de una carpeta de investigación que tiene a su cargo la Procuraduría.
Todo lo que se vaya integrando en una investigación penal abierta debe ser considerado confidencial con el fin de asegurar el éxito del trabajo de las propias procuradurías, pero también para respetar la presunción de inocencia de alguien, ya que no porque se presente una denuncia significa que hay elementos suficientes para abrir un proceso judicial en su contra.
Las que sí deben ser públicas son las actuaciones judiciales. La justicia se tiene que impartir de cara al público. Sería inconcebible defender que los tribunales actúen sin que nos podamos enterar de las pruebas que se presentan, los alegatos que se formulan y las decisiones que se emiten en las salas de audiencia. Necesitamos “ver” la justicia como requisito indispensable para poder confiar en ella.
Por eso lo mejor que puede pasar en el caso de Anaya es que se lleve su carpeta de investigación ante un juez y que sea la autoridad judicial la que diga si hay elementos suficientes para vincularlo a proceso. Si eso no sucede, harían bien todos los actores políticos, y desde luego los analistas, en respetar la presunción de inocencia de Anaya. Entrar en dimes y diretes sobre una presunta responsabilidad penal, en ausencia de una acusación formal y en plena campaña electoral, no puede dar ningún buen resultado.
Me parece que en el caso Anaya se ponen a prueba las convicciones democráticas de sus rivales: su compromiso con una imparcial y objetiva investigación por parte de la PGR, su adhesión a las reglas básicas del debido proceso legal y el respeto a la independencia de los jueces, si es que en el futuro el caso llega a alguna institución judicial.
La discusión actual sobre el desempeño de la PGR y su falta de imparcialidad se debe a una negligencia más de nuestros legisladores. Desde el 2014 fue aprobada la reforma constitucional para dotar de autonomía frente al Poder Ejecutivo Federal a la Fiscalía. Para que esa nueva institución exista, el Congreso de la Unión debe expedir su Ley Orgánica, con la cual cobrará vida. Esa tarea, tan elemental y relevante, no la han podido hacer nuestros “representantes populares”. Ahí está el origen de todo: Si el órgano encargado de investigar a Anaya estuviera ajeno a presiones políticas o si su titular no tuviera como jefe al Presidente de la República, seguramente nuestras discusiones serían de un tenor muy diferente.
Que Anaya sea candidato no supone un impedimento para evitar que rinda cuentas ante la justicia. Si hay evidencias que acrediten que cometió un delito, debe ser llevado ante un juez y, con total respeto del debido proceso, debe ser juzgado. Solamente así se puede determinar una responsabilidad penal. Nadie es culpable porque lo digan sus rivales políticos o porque se dediquen a repetirlo en las redes sociales.
Esperemos que pronto, entre todos, construyamos una mejor justicia para México y aprendamos a respetar los derechos. Se trata de algo básico y elemental para tener un Estado de derecho digno de su nombre.
Investigador de IIJ-UNAM
@MiguelCarbonell
www.centrocarbonell.mx
