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Todas las encuestas demuestran el profundo desprecio que los ciudadanos sentimos hacia la clase política del país. Pero los que se llevan la palma son los diputados y senadores, que son en quienes menos confiamos los mexicanos, a la par de la desconfianza que genera la policía.
Un extranjero de visita en nuestro país podría quizá preguntarse si es para tanto o si ese enojo es más producto del efecto “irritante” de las redes sociales y de una serie de distorsiones en la percepción social.
Lo cierto es que, al menos en el caso de la gran mayoría de los legisladores, el desprecio ciudadano tiene fundamento. Indigna, con toda razón, que de los 628 legisladores que integran el Congreso solo justifican su sueldo aproximadamente 10% de ellos. El resto ha pasado 3 o 6 años disfrutando de una muy cuantiosa beca, que nos sale carísima a los ciudadanos.
Sí, así como se lee. Tenemos legisladores becados, gente que cobra por su cargo de diputado o senador pero que en realidad no ha hecho absolutamente nada a favor de la ciudadanía ni ha aportado nada trascendente para resolver los grandes problemas del país.
Es más, si le preguntamos a los ciudadanos, estoy seguro que más de 90% no sabría identificar el nombre de sus representantes en el Congreso federal (y con toda probabilidad, tampoco en el congreso de su entidad federativa).
Los legisladores podrán argumentar que han aprobado cientos y cientos de iniciativas y puntos de acuerdo, que han sesionado incontables horas y que las comisiones parlamentarias trabajan a buen ritmo. De una vez se los digo, para que no tengan duda: son unos mentirosos.
Lo cierto es que el trabajo legislativo real se hace fuera de las Cámaras. Un dato lo demuestra: en la actual LXIII Legislatura el Presidente ha enviado 36 iniciativas. Ya se han aprobado 30, solamente le han desechado una y tiene 5 pendientes de aprobación. Su eficacia es de 83%. En contraste, la efectividad de los legisladores del PRI (que tiene los grupos parlamentarios más grandes en ambas Cámaras) es solamente de 11%, es decir, 89% de las iniciativas de legisladores priístas son desechadas, retiradas o se encuentran en la “congeladora legislativa”, esperando que mueran de aburrimiento. El PRD tiene una tasa de efectividad en la aprobación de sus iniciativas de apenas 10% y Movimiento Ciudadano está incluso peor con un escaso 8%. Los demás grupos parlamentarios andan en número parecidos, ridículamente bajos.
Además de aprobar leyes, los legisladores tienen funciones de vigilancia y control sobre el gasto público, así como amplias facultades de nombramiento de funcionarios de alto nivel. Ninguna de ellas ha sido plenamente ejercida por nuestros legisladores becarios. Tienen pendiente el nombramiento del Auditor Superior de la Federación, de los 32 magistrados encargados del combate a la corrupción que van a formar parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del Fiscal Anticorrupción y del Fiscal General de la Nación, de dos integrantes del Instituto Nacional de Acceso a la Información cuyas vacantes se darán en las próximas semanas, de un miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, un Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, uno de la Comisión Federal de Competencia Económica, uno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y dos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, más lo que se les vaya acumulando.
Frente a tantos y tan relevantes pendientes, uno pensaría que nuestros “representantes” populares (perdón por el eufemismo, estimado lector), estarán encerrados día y noche para entregar buenas cuentas a la ciudadanía. Nada de eso. Se les ve en mítines, en reuniones de partido, en carreras frenéticas para buscar su próximo hueso. Pero nada de trabajo: eso no es propio de nuestros becarios favoritos, esos mantenidos del erario, que ya se acostumbraron a no hacer nada y seguir cobrando altísimos sueldos por ello.
Porque eso sí: cobrar es lo mejor que saben hacer. Cuando se trata de aprobarse bonos, repartirse las partidas que recibe cada grupo parlamentario o encontrar huecos legales para ejercer los famosos “moches”, ahí todos están presentes, apuntados y participando entusiastamente.
Son de lo peor que tiene el país. Merecen estar en el basurero de la historia. Ya lo están, sin duda alguna.
Investigador del IIJ-UNAM.
@MiguelCarbonell
