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El próximo miércoles la Segunda Sala de la Suprema Corte va a resolver un prolongado juicio sobre la expropiación de los ingenios azucareros decretada desde el 2001 por el gobierno de Vicente Fox.
El problema es que, tal como la Corte plantea la solución, sentaría un precedente que pondrá en peligro la propiedad privada en México y nos haga perder todavía más seguridad jurídica para quienes quieran invertir en el país.
La Segunda Sala debe decidir algo elemental en el caso de los ingenios azucareros: si quienes eran dueños antes de la expropiación pueden o no solicitar la llamada “reversión” del decreto expropiatorio por no haberse dado los fines de interés público, que es la única causa válida por la cual una autoridad puede expropiar a un particular en México cualquier bien de su propiedad.
Imagine el lector la siguiente situación: el gobierno decide que su empresa es de interés nacional y, dados los problemas financieros por los que está pasando, la expropia para asegurarse de que siga produciendo los bienes que genera. Pero años después declara a esa empresa (entonces de propiedad pública) en quiebra, nombra a un administrador y el administrador acepta la indemnización que el mismo gobierno le ofrece. Luego la empresa se privatiza a un precio irrisorio y listo. Círculo cerrado y todos contentos, habiéndose repartido miles de millones de pesos.
La pregunta es muy sencilla: ¿pueden los dueños originales pedir que se eche abajo la expropiación y que no se reconozca como válida la indemnización aceptada por un administrador nombrado por el gobierno?
Si la Corte dice que no, le estaría dando un cheque en blanco al gobierno actual y a los que vengan para hacer lo que quiera con nuestras propiedades y pagar bajísimas indemnizaciones (o ninguna, como ha sucedido con algunos de los ingenios expropiados).
Se trata de un caso de enorme importancia, en el cual deberían levantar la voz todas las cámaras empresariales, los colegios y barras de abogados, y en general cualquier persona que no esté de acuerdo con que el gobierno pueda arrebatarle a un ciudadano impunemente sus propiedades.
Todo parece indicar que la votación estará muy dividida, pues dos de quienes fueron altos funcionarios en el gobierno de Fox son hoy ministros: Eduardo Medina Mora y Javier Laynez. Ambos piensan que no se les puede permitir a los dueños originales de los ingenios azucareros que reclamen. Seguramente habrá quienes estimen que le están cubriendo las espaldas al gobierno para el que trabajaron, pero el punto importante no es ese, sino el hecho de lo que supondrían para el futuro del país que dicho criterio se impusiera al del resto de sus compañeros de la Segunda Sala. El adecuado acceso a la justicia es vital en todo Estado de derecho. Sobre todo para quienes han sido desposeídos de su propiedad.
Ya desde 2006 la Suprema Corte (con una visionaria sentencia del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia), había declarado la inconstitucionalidad de la expropiación de los ingenios por no haber acreditado el gobierno la causa de utilidad pública. Con dicha sentencia bajo el brazo, los antiguos dueños de los ingenios (amparados por la Ley de Expropiación) pidieron que se “revirtiera” todo el proceso y se les reintegraran los bienes afectados, así como el reconocimiento de que no habían sido debidamente indemnizados. Sobre eso es lo que está por decidir la Corte.
La sentencia se dictará en un momento en extremo delicado. Si las encuestas consolidan el liderazgo de una coalición de izquierda que podría tomar las riendas del gobierno federal en diciembre, seguramente nadie querrá (ni los propios ministros) darle un cheque en blanco al siguiente gobierno para que comience a “expropiar” empresas con la excusa de un supuesto “beneficio social”. Eso es lo que ha pasado en Venezuela con Chávez y con Maduro, en Argentina bajo los Menem, en Bolivia con Evo Morales. ¿Van a dejar los ministros de la Corte que pase lo mismo en México? El miércoles probablemente lo sabremos.
Investigador del IIJ-UNAM
@miguelcarbonell www.centrocarbonell.mx
