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El próximo sábado 1 de septiembre inicia una nueva legislatura del Congreso de la Unión. A partir de ese día veremos una configuración partidista de las Cámaras que hacía mucho tiempo no existía: una fuerza política tendrá el dominio absoluto y podrá por sí sola aprobar leyes, presupuestos, ejercer control sobre órganos autónomos y de vigilancia, hacer nombramientos de ministros de la Suprema Corte, palomear embajadores y cónsules, etcétera. Tendrá a su alcance, con unos pocos votos de sus partidos aliados, incluso cambiar la Constitución de la República.
El Presidente electo, que entrará a ejercer el cargo a partir de 1 de diciembre, podrá usar ese dominio legislativo para materializar los cambios que prometió en campaña y que ha venido explicando a partir del día siguiente al de su triunfo electoral. Podrá hacerlo, además, utilizando la figura de la “iniciativa preferente” para que sus propuestas legislativas se aprueben con toda celeridad. Todo parece indicar que, tal como lleguen las iniciativas, serán aprobadas por los legisladores de su partido, pues no se ve que pueda haber alguna rebelión interna que se atreva a proponer iniciativas distintas a las del Presidente. Eso le dará un enorme poder al próximo titular del Poder Ejecutivo, tal como me imagino que lo quisieron los ciudadanos al expresar su voto en las urnas el pasado 1 de julio.
Ahora bien, los legisladores entrantes (además de la agenda que les vaya fijando el Presidente de la República) se toparán con una serie de pendientes que les heredó la actual legislatura y que deberán atender por mandato constitucional. Me refiero a la necesidad de llevar a cabo una reforma profunda del procedimiento en materia laboral, a partir de la cual deben desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje para ser sustituidas por verdaderos tribunales laborales, y expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para unificar a nivel nacional las reglas en esas dos relevantes materias del ordenamiento jurídico mexicano.
La reforma del procedimiento laboral debía haber estado lista desde febrero; la enorme irresponsabilidad de nuestros políticos no permitió su aprobación, pero es un tema de la mayor urgencia, que será además un buen termómetro de la orientación que tendrá el nuevo gobierno en un área tan sensible como la de las relaciones obrero-patronales.
Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (que se va a encargar de regular más de un millón de nuevos procedimientos judiciales que se presentan cada año en ambas materias a lo largo y ancho del país) tenía que haber estado listo en el mes de marzo. De nuevo, las inercias de la campaña y la flojera legislativa impidieron su aprobación.
A esos dos temas hay que agregar las reformas que ha señalado López Obrador en materia penal, para convertir a los delitos de corrupción en delitos que no permiten la libertad caucional a lo largo del proceso, de forma que quienes sean acusados de haberlos cometido van a entrar en prisión. Seguramente en el mismo tema de la lucha contra la corrupción, que fue la propuesta estrella de la pasada campaña, se tendrán que hacer otros cambios legislativos para terminar de dar forma al Sistema Nacional Anticorrupción, que si bien fue diseñado y promulgado en el sexenio de Peña Nieto, nunca se quiso en realidad que funcionase, ni se ha visto ningún resultado tangible desde su creación.
Ojalá los nuevos liderazgos legislativos, que van a sustituir a una clase política reprobada en las urnas y despreciada por la enorme mayoría de mexicanos según todas las encuestas disponibles, haga un mejor trabajo. Para empezar, habría que pedirles a los legisladores que no falten a las sesiones, tanto de Pleno como de las Comisiones.
En segundo lugar, que si acuden a trabajar, no lo hagan para calentar la curul solamente, sino que aporten ideas, iniciativas, debates y buenos argumentos para modificar lo mucho que se debe cambiar en México. En tercer lugar, que honren en serio el discurso de López Obrador sobre la austeridad y pongan el ejemplo. El gasto en “aviadores” y el dispendio de bonos y todo tipo de prebendas ha sido escandaloso en los años recientes. Todo eso debe terminar.
Veremos a una clase política renovada. A partir del sábado sabremos si esa renovación va a servir para mejorar al país o si se van a reproducir los vicios ancestrales de la política mexicana. Se levanta el telón. Inicia la función.
Investigador del IIJ-UNAM
