A los gobiernos autoritarios no les gusta que los ciudadanos defiendan los derechos que les reconocen las constituciones y los tratados internacionales. Por el contrario, disfrutan cuando todos sus actos son acatados sin rechistar, de forma silenciosa y sumisa, preferentemente.
Sin embargo, en un régimen que pretenda ser democrático hay que aceptar como algo del todo lógico la existencia de un vasto pluralismo ideológico. No puede ni debe haber unanimidad de pensamiento, ni aceptación a ciegas de las propuestas de los gobernantes.
Me parece, considerando lo anterior, un profundo desacierto que se critique el hecho de que algunas personas recurran al juicio de amparo para intentar frenar ciertas decisiones u obras gubernamentales. De hecho, ni siquiera entiendo de qué se sorprenden tales funcionarios: el juicio de amparo fue inventado hace más de 150 años por personajes tan insignes como Crescencio Rejón, Mariano Otero o Ignacio Vallarta precisamente para que las personas nos podamos defender de los abusos del poder.
Y en esto no hay que ser ingenuos, ni tragarnos cuentos infantiles: no hay poderes buenos, todos los poderes deben estar sometidos a límites y vínculos, en ausencia de los cuales se pueden cometer (y se han cometido) innumerables abusos. Lo dijo ya Montesquieu: “Es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder tiende a abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites. Es preciso que el poder frene al poder”. Los poderes tienen que estar limitados siempre, sin importar que tengan su origen en la voluntad popular expresada en las urnas y sin que un amplio apoyo electoral elimine la posibilidades de tales controles.
Hoy en día la Constitución prevé justamente al juicio de amparo como el medio para pedir al Poder Judicial de la Federación que analice si los actos de autoridad (e incluso, en ciertos casos, los actos de particulares) son conforme a derecho. ¿Qué hay de malo en eso?
Más bien lo que parece sospechoso es escuchar las pretensiones de quienes gobiernan al intentar impedir que los ciudadanos se atrevan siquiera a cuestionarlos. “Por favor no nos molesten, nosotros somos diferentes a todo lo que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad y no necesitamos (ni soportamos) ser controlados por nadie, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia”, parece ser el pobre argumento desde las instancias gubernamentales. Lamentable, desde cualquier punto de vista. ¿Se imaginan que lo hubiera dicho un presidente emanado del PRI? Hubiera sido escandaloso. Lo es todavía más cuando se le escucha decir a alguien que se presenta como abanderado de la democracia.
No puede haber democracia sin que los poderes públicos estén controlados y sin que los ciudadanos fiscalicen de manera permanente y con todas las herramientas a su alcance, lo que se hace en el ejercicio de tales poderes. Sobre esa base se ha construido la racionalidad política entre los países más avanzados del mundo, desde Inglaterra con el famoso recurso de “habeas corpus” hasta Estados Unidos con el control de constitucionalidad de las leyes, pasando por Francia cuando “inventa” el juicio contencioso-administrativo o España con el no menos relevante “recurso de casación”. ¿Será que en México los abusos de los poderes públicos ya se desterraron? ¿No será mejor apreciar el hecho de que exista una instancia independiente, encargada de la revisión de sus actos, que pueda advertirles cuando toman decisiones sin fundamento jurídico? Cualquier demócrata estará de acuerdo en que los equilibrios son siempre necesarios y que sin ellos el riesgo de regresiones está a la orden del día.
Por tanto, no debemos tenerle miedo a que los ciudadanos, de manera individual o a través de grupos, organizaciones, cámaras, barras y colegios, planteen todos los recursos judiciales que quieran. Están en su derecho de hacerlo. Ya serán los jueces los que tendrán que decidir si les asiste o no la razón, y al resto de nosotros nos corresponderá a su vez analizar, comentar y en su caso criticar esas decisiones judiciales, como lo hemos hecho sin descanso muchos de nosotros durante décadas.
Investigador del IIJ-UNAM
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