Sin duda, uno de los paquetes más codiciados de las fiestas de fin de año es el paquete económico que se integra por tres documentos: Los Criterios Generales de Política Económica, La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y El Presupuesto de Egresos de la Federación.
Es necesario reconocer la dificultad que representa integrar estos documentos en un año de cambio de poderes, pues el gobierno saliente tiene la obligación de integrar una parte de dicha documentación, mientras que el gobierno que acaba de tomar posesión tiene escasas semanas para su presentación.
Por ello, es conveniente una reforma legal para que los gobiernos que terminan rindan cuentas en su tiempo y los que inician tengan el plazo suficiente para la elaboración de su proyecto económico y financiero.
Sabemos que los recursos del país están sujetos al comportamiento de la dominante dependencia económica de los Estados Unidos, así como a los ingresos por remesas, turismo, inversión extranjera y exportaciones que dependen de los precios internacionales, razón por la cual la certeza de los ingresos gubernamentales está limitada. De ahí que adicionalmente a la solidez institucional en materia impositiva, es conveniente encontrar una fórmula efectiva para que la economía informal se integre activamente al cumplimiento de las contribuciones fiscales que requiere el país.
Los objetivos económicos están sujetos a los principios fundamentales de preservación de los equilibrios macroeconómicos, la reducción de la inflación, control del déficit fiscal y del endeudamiento, así como a la estabilidad del tipo de cambio. Y por el lado del gasto, se busca impulsar el crecimiento económico, invertir en infraestructura, en servicios públicos y corregir las asimetrías sociales. No cabe duda de que son muchos objetivos con pocos instrumentos.
El viejo dilema entre centralismo y federalismo sigue en pie; un paso indiscutible es contar con un ordenamiento rígido para el ejercicio honesto y eficaz de los dineros públicos en los tres niveles de gobierno.
Una de las dificultades inherentes al ejercicio de todo cargo público es poder conjugar la satisfacción de necesidades con los limitados recursos públicos. En nuestro tiempo no hay fórmula milagrosa que multiplique los panes y peces; diversas administraciones han utilizado un léxico peculiar para referirse a las reducciones presupuestales, que definieron como “gastos suntuarios”, “condiciones coyunturales”, “activos no prioritarios”, “simplificación administrativa” y muchos eufemismos más. Uno de ellos es la famosa alegoría de “la cobija no alcanza”, por ello, más que insistir en un proceso anual de forcejeo de intereses y actos de poder, valdría la pena pensar en como “volver a tejer” un modelo de ingresos y gasto público menos discrecional, cuya verificación de efectividad sea indiscutible.
En otras ocasiones lo he comentado, y hoy nuevamente considero necesario reflexionar acerca de la conveniencia de convocar a la celebración de un acuerdo nacional que permita establecer metas y objetivos de crecimiento, inversión pública, infraestructura, gasto efectivo y transparencia estricta de los recursos públicos en los tres niveles de gobierno, con un horizonte de mediano y largo plazos para contar con presupuestos multianuales.
Quizá la más importante tarea de nuestro tiempo, además de la estricta honestidad con la que se administran los dineros gubernamentales, es contar con una herramienta institucional de alta calidad técnica para la verificación integral de la efectividad del gasto público que cumpla con los objetivos trascendentes del país, y que no sea aplicado para fines de oportunismo político o de dádivas para clientelas electorales.
Rúbrica. Máxima sexenal: más vale paso que dure para que no se canse el ganso.
Político, escritor y periodista.
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