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Toluca, Méx.— El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, presentó de manera formal el proyecto de ley para crear el sistema estatal anticorrupción, mediante el cual se busca prevenir y sancionar con rigor, dijo, “los casos de corrupción y desviaciones en el ejercicio público”, para lo cual contempla, entre otras medidas, la figura del fiscal anticorrupción y obligar a que los servidores públicos mexiquenses cumplan con la llamada ley 3 de 3.
Durante la entrega del premio IAPEM 2016 y Presea al Mérito del Administrador Público mexiquense, el Ejecutivo estatal destacó que la Ley Estatal Anticorrupción contempla la creación de un Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, el cual se integrará, entre otras instancias, por el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM), el fiscal anticorrupción (figura que también será creada), el titular del Instituto de Información y Transparencia (Infoem), así como representantes del Consejo de la Judicatura del Comité de Participación Ciudadana.
Detalló que este último organismo busca activar la participación de los mexiquenses en los casos de detección e investigación de casos de corrupción, además de que será el órgano encargado de ejecutar y supervisar las políticas en materia de fiscalización y control de recursos.
“Este nuevo marco jurídico permitirá que los ciudadanos puedan tener un papel más activo para investigar y sancionar la corrupción, otro punto que tiene que ver con esta iniciativa es transformar el tribunal de lo contencioso administrativo para hacer ahora el tribunal de justicia administrativa de la entidad, pero especialmente y lo trascendente de esta reforma es que se le va a dotar de facultad a este tribunal para sancionar faltas graves de servidores públicos estatales y municipales”, indicó el Ejecutivo estatal.
Ávila Villegas destacó que la iniciativa enviada este mismo viernes a la Legislatura Local prevé la llamada ley 3 de 3, a fin de que todos los servidores públicos estatales y municipales, a partir de esta reforma, dijo, estén obligados a presentar su declaración patrimonial, junto con la de interés y la declaración fiscal.
Destacó que adicionalmente la reforma contempla la creación de una “fiscalía especializada”, la cual se encargará de investigar y combatir los delitos en que incurran servidores públicos como particulares.