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Toluca, Méx.— El gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, anunció reformas en materia regulatoria que permitirán agilizar la instalación de empresas, al eliminar seis dictámenes de factibilidad —que se exigían para abrir negocios— y sustituirlos por uno solo que emitiría una nueva instancia.
Para combatir la corrupción en estos trámites se tipificará el delito de “obstrucción a la inversión” contra funcionarios implicados en el proceso que incurran en desvíos.
El Ejecutivo estatal dijo que se harán reformas a nueve ordenamientos, cinco leyes y cuatro códigos para simplificar el procedimiento de instalación de empresas, lo que permitirá atraer inversiones, fomentar el empleo y contribuir en políticas de transparencia.
Dijo que para ello los seis dictámenes que se requerían a los empresarios en materia sanitaria, de protección civil, medio ambiente, impacto vial e impacto regional, entre otros, serán sustituidos por uno solo, para lo cual se creará la Comisión Estatal de Factibilidad, en donde estarán representadas seis instancias involucradas en el proceso de apertura de negocios.
El Ejecutivo indicó que se creará el Instituto Estatal de Verificadores, que congregará a todos los inspectores, supervisores y verificadores de las dependencias implicadas, a efecto de que realicen las labores de revisión para la previa emisión de dictámenes.
Respecto al inicio de obras, licencias de construcción y avisos de terminación de obras, entre otros requisitos para la instalación de empresas, el mandatario local anunció que se permitirá la participación de profesionistas del sector privado para que operen como peritos mediante bufetes especializados, que certificarían actividades en materia de construcción.
Los especialistas certificados previamente por el gobierno estatal podrán emitir peritajes en materia de construcción, lo que agilizará la apertura de negocios, aunque la facultad sigue estando en la autoridad estatal y municipal, pero será otra opción para el empresario.
El Sistema Estatal de Mediación y Conciliación atenderá a empresarios que se sientan afectados.
Sobre el nuevo delito que se está proponiendo, el de obstrucción a la inversión, señaló que se trata de una recomendación de instancias internacionales. La consejera jurídica, Luz María Paz Zarza, refirió que este ilícito podría alcanzar una pena de entre tres y cinco años de prisión, así como una multa, sin descartar la “inhabilitación”.