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juan.barrera@eluniversal.com.mx
Coyotepec, Méx.— “Sufrimos y sufrimos, ¿cuánto tiempo más vamos a aguantar? Al rato vamos a tener una epidemia en las casas, en las escuelas, en todo el pueblo por falta de agua”, dice Felipa Miranda Vigueras, del barrio Chautonco.
El pasado 6 de mayo personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó el suministro de energía eléctrica a tres de los cuatro pozos de Coyotepec, lo que afecta a 70% de los más de 60 mil habitantes del municipio; la paraestatal reclama el pago de 32 millones 855 mil 780.13 pesos de adeudo histórico.
El alcalde Pedro Luna Vargas, del PAN, afirma que el gobierno municipal envía pipas de agua potable a las escuelas para enfrentar el desabasto e intenta apoyar a las comunidades con pipas particulares que cobren poco por el agua entregada a las viviendas.
Desde hace más de tres años habitantes y autoridades de Coyotepec disputan el control de los pozos de agua del municipio, tres de los cuales son administrados por pobladores desde hace cuatro décadas por “usos y costumbres”.
“Nosotras, como amas de casa, estamos sufriendo más, porque tenemos que tener agua para resolver toda la situación de la casa: lavar, la comida, mandarlos a la escuela, todo eso. ¿Cómo le hacemos? Quién sabe, andamos consiguiendo”, asegura doña Felipa, quien apoya que el agua potable continúe siendo administrada por los pobladores.
Sergio Velázquez Morales, presidente de la Administración de Agua Potable de Coyotepec, dice que los gobiernos estatal y municipal pretenden municipalizar el agua potable, quienes argumentan que con ello mejorará el servicio, pero en realidad pretenden destinar parte del agua potable para nuevos desarrollos que se construyen en la zona.
“Hemos planteado, mediante asambleas informativas a la ciudadanía, que sí hay propuestas de pago, de liquidación de esos 35 millones, que obviamente no es posible hacerlo en el corto plazo y para eso se requiere la participación del gobierno municipal, del Estado, la propia ciudadanía y usuarios del agua potable. Pero sí existen propuestas que nosotros queremos presentar al gobierno del Estado y la CFE”, asegura.
Añade: “Es lamentable que el gobierno del Estado de México no atienda el problema de suministro de agua a la población y no le importe más de 50 mil habitantes padezcan todos los problemas que puedan ocasionarse por eso, falta de higiene, de salubridad, plagas, absolutamente todo, pleitos entre todos los vecinos, violencia que se puede dar, es lo que nosotros no queremos que ocurra”.
Recuerda que en Coyotepec existe una batería de pozos operados por la Comisión Nacional de Agua (Conagua) y el líquido es llevado para la Ciudad de México y otros municipios conurbados, en tanto que solamente cuatro abastecen al municipio, tres de ellos a cargo de los pobladores, aunque uno está en rehabilitación y los otros dos están sin energía eléctrica.
El alcalde Pedro Luna Vargas precisa que la Administración del Agua cobra 50 pesos mensuales a los usuarios y el gobierno municipal paga a la CAEM entre 700 mil y 1.3 millones de pesos al mes por extracción, agua en bloque, bombeo y cloración, sin que reciba algún recurso de la ciudadanía.
Dice que la deuda histórica con la CFE es de 56 millones 906 mil 252.86 pesos, de los cuales 32 millones 855 mil 780.13 es de los pozos de Agua y el resto de la energía consumida por alumbrado público, palacio municipal y otros inmuebles municipales.
Añade que el gobierno local dialogó con la CFE y restableció el servicio de energía eléctrica al palacio municipal y alumbrado público, pero falta arreglar el asunto de los pozos.
El 22 de mayo el gobierno municipal convocó a consulta ciudadana sobre el agua potable, la cual fue obstaculizada por la Administración del Agua, que consideró ilegal el ejercicio.
Luna Vargas expresa que participaron mil 600 personas y la mayoría optó por crear una Dirección de Agua Potable.
Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que apoya los pobladores, dijo que continuará la defensa del agua potable en Coyotepec y no permitirán que los gobiernos estatal y municipal se apoderen del servicio.
