Luego del veto presidencial del artículo 32 de la Ley 3de3, que excluye a la Iniciativa Privada de presentar declaraciones patrimonial y de intereses, la Unión Industrial del Estado de México (Unidem) se pronunció porque las empresas que tengan contratos mayores a 10 millones de pesos anuales, con cualquier nivel de gobierno y en forma acumulada, presenten declaraciones y sean susceptibles de ser auditadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para evitar el lavado de dinero y sobre todo la corrupción.
La propuesta que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado excluye de la obligación de presentar declaraciones patrimonial y de intereses a personas físicas, morales, becarios y beneficiarios de programas sociales que se relacionen económicamente con el Estado.
Al respecto, Francisco Cuevas Dobarganes, vocero de Unidem, señaló que la Ley 3 de 3 ponía en riesgo a todos los políticos y sus familiares de manera innecesaria y exagerada, pero debe buscarse la forma de auditar a las empresas que tienen contratos con el Estado para rastrear egresos que llegan a manos de terceros, los prestanombres.
“Algunos políticos corruptos han aprendido a disfrazar sus ganancias, poniendo empresas, propiedades y cuentas bancarias a nombres de terceros y eso es lo que se debe de combatir, pues finalmente la ley 3 de 3 no detecta eso”, dijo el vocero de la agrupación industrial.
Cuevas Dobarganes, consideró que el no incluir a las empresas que tienen tratos con el gobierno, deja la iniciativa sin posibilidades de rastrear los fondos por medio del sistema financiero que deja huella permanente en todos los movimientos, por la presión de grandes empresas, y con ello no se combate realmente la corrupción.
“Finalmente el dinero que se quedan algunos malos políticos, sale del gobierno, y pasa por las empresas, y ello queda registrado en el sistema financiero, así que más que pugnar por las declaraciones de los dueños, debe auditarse a las empresas por un organismo anticorrupción”, expresó el director general de la Unidem.
Puso el ejemplo del ayuntamiento de Tlalnepantla donde se impulsa un Comité Anticorrupción al que ya se invitó a participar a la Unión Industrial. “Es un esfuerzo que debe aplaudirse y replicarse, ya que es lo que realmente funcionaría; una institución encabezada por gobierno y sociedad sin intereses particulares”, comentó.
La Unión Industrial considera que otro problema que no permite frenar la corrupción, es la impunidad, pues en los casos en que ha habido castigo es por una revancha política, así que se debe desvincular al Poder Ejecutivo del Legislativo y del Judicial, pues con el actual sistema se vuelve un círculo malévolo en donde todos buscan permanecer sin meterse con los demás para no ser castigado.
“Si se lograra que el Poder Judicial tuviera un presupuesto digno en todos sus niveles y la designación de sus cargos fuera de lo más despolitizado posible, intentando imitar el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, no sólo se lograría combatir la corrupción, sino también muchas injusticias que son los orígenes de la inseguridad, la pobreza, el estancamiento social y el educativo, así como la falta de competitividad”, opinó Cuevas Dobarganes.
cfe