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maria.montano@eluniversal.com.mx
Toluca, Méx.— El gobierno del Estado de México ejercitó acción penal contra Julio César Hernández Ballinas, ex policía ministerial de la Procuraduría General de Justicia estatal, quien junto con su hermano asesinó en 2010 a Mariana Lima, cuya muerte hizo pasar por suicidio, desatando así uno de los más largos casos en México y que requirió la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y organismos defensores de los derechos humanos.
En 2015 los ministros de la SCJN ordenaron reabrir el caso. Este viernes el gobernador Eruviel Ávila Villegas dio a conocer la captura del homicida durante un evento realizado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el cual aseguró que César Hernández Ballinas ya está tras las rejas.
El Ejecutivo aclaró que lo sucedido en 2010 no fue un suicidio como se manejó, sino un homicidio, “por lo que el responsable ya está pagando”. Aseguró que tendrá una condena ejemplar.
Los padres de la víctima realizaron un intenso activismo y advirtieron desde un principio las diversas irregularidades que se dieron en el proceso.
Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, denunció ante organismos defensores de derechos humanos, como el Observatorio Nacional de Feminicidios y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que el concubino de su hija había manipulado las pruebas.
Irinea incluso advirtió que antes de su muerte, en julio de 2010, Mariana acudió a la PGJEM para pedir protección por los maltratos que sufría por parte de su concubino Julio César Hernández Ballinas.
Ante la negativa de las autoridades y el incremento de la violencia, Mariana decidió huir y refugiarse en un municipio vecino; sin embargo, semanas después fue localizada por su pareja.
Mariana entonces fue asesinada a golpes por los hermanos Hernández Ballinas, quienes buscaron cubrirlo aparentando un suicidio, por lo que colocaron tres sogas con doble nudo al cuello de la víctima, la desvistieron y bañaron para desaparecer rastros de sangre y tortura a la que fue sometida.
Cuando los peritos llegaron encontraron el cuerpo limpio, con las sogas todavía en el cuello.
Al paso del tiempo parte de las evidencias desaparecieron y aunque Mariana fue asesinada ante sus hijos de entonces siete, cinco y dos años de edad, los jueces que llevaron la indagatoria y el Ministerio Público —mismo que determinó el caso de la niña Paulette Gebara—, se negaron a darles crédito.
Ante esto, la madre de Mariana acudió al Observatorio Nacional del Feminicidio y logró, mediante apoyo en el litigio, llegar hasta la SCJN, la cual el año pasado, tras revisar el expediente, ordenó al gobierno de Ávila Villegas reabrir el expediente.
Con la captura de Julio César Hernández Ballinas se cierra uno de los capítulos más dramáticos en la lucha estatal contra el feminicidio.
