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rebeca.jimenez@eluniversal.com.mx
TOLUCA, Méx.— En el Estado de México sólo hay 25 jueces por cada millón de habitantes, situación que ubica a esta entidad por debajo de la media nacional y de América Latina, reconoció el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Sergio Javier Medina Peñaloza.
Con la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal, en el Estado de México se invirtieron 767 millones de pesos de aportación federal, estatal y del poder judicial.
“Aunque nunca será suficiente”, porque aún es necesario generar más salas para juicios orales, indicó el representante del TSJ mexiquense.
“Un tema que personalmente me preocupa, es que con los jueces tan comprometidos, aún estamos por debajo de la media de los jueces sugeridos en todo Latinoamérica y por supuesto en todo el país, que sugieren que por cada 100 mil habitantes se cuente con un promedio de cinco a siete jueces que es el ideal”, afirmó Medina Peñaloza.
En el estado de México “sólo tenemos 2.5 jueces por cada 100 mil habitantes”, indicó Medina, cifra que representa menos de la mitad de lo que recomiendan los especialistas y sobre todos una sobrecarga para los impartidores de justicia.
Aquí todos los jueces están capacitados para atender delitos de alto impacto; no obstante se hizo una capacitación especial para 20 jueces que atienden procesos contra secuestradores, pero cualquier juez puede atender estos casos.
Ante eventuales amenazas o riesgos por procesar a delincuentes de alta peligrosidad, hasta el momento “no hemos tenido reporte de alguna necesidad urgente de alguno de nuestros compañeros para atender un esquema de seguridad, más allá que la Ley en la mano”, apuntó el presidente del Tribunal Superior de Justicia.
El Estado de México se anticipó a la entrada en vigor del nuevo Código de Procedimientos Penales, donde el primero de los procesos se dio el 19 de mayo ante un juez de control, en Tenango y Tenancingo.
Otro de los cambios sustanciales que contempla este código, es que los Agentes Ministeriales serán ahora policías Investigadores, es decir que deberán realizar investigaciones de campo y no sólo de gabinete.
El Ministerio Público, por su parte, se centrará a la parte jurídica, estratégica, dirección, conducción del mando de la policía y servicios periciales.
