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juan.barrera@eluniversal.com.mx
“Aquí hay una corrupción tremenda”, afirma la madre de un interno del reclusorio Juan Fernández Albarrán, conocido como penal de Barrientos por estar ubicado en la comunidad del mismo nombre, en este municipio.
Añade: “Tengo miedo por mi hijo, pero también tengo que tener el valor para que todos los padres de familia nos valoremos unos a otros y aprendamos a defender a nuestros hijos”. Familiares de reclusos aseguran que existe una red de corrupción en la que participan autoridades del centro penitenciario y los propios internos.
La noche del lunes se registró un motín en esta cárcel, considerada una de las de mayor saturación del Estado de México; internos prendieron colchones en varios puntos, lo que fue controlado por policías a la medianoche.
Durante la rebelión se fugaron tres reclusos.
Familiares relatan que hubo una riña en el dormitorio 3, provocada por el maltrato que dan los custodios a los internos y la gresca se generalizó, en la cual participaron unos 500 presos, que quemaron colchones en diferentes áreas de penal, entre ellas la cocina.
Los familiares ingresaron ayer durante todo el día a visitar a sus familiares para constatar que están bien; afuera del penal se generó una larga fila, que se redujo poco a poco. Hasta la tarde ayer los presos no habían recibido alimento y el penal estaba sin energía eléctrica.
“Está muy tranquilo el ambiente, están visitando a sus internos. Ellos están bien, reportan unos lesionados, pero principalmente fueron los custodios”, dice otra mujer.
Hombres y sobre todo mujeres se congregaron en el exterior del penal y desde ahí gritaron a sus familiares, quienes en lo alto respondían con gritos o chiflidos.
“Se paran el cuello de que todo está bien, que vengan aquí a dar la cara, que vean que no están las cosas como dicen, quieren tapar el sol con un dedo. Que vengan a ver cómo está. Los tienen bien sometidos”, afirma una mujer.
Familiares de internos aseguran que los reclusos son extorsionados y tienen que pagar hasta cinco mil pesos para que no les hagan daño. Incluso para sentarse en el suelo a comer los días de visita tienen que pagar 30 pesos. Las mesas con sillas cuestan entre 100 y 150 pesos. Si no pagan deben permanecer parados o de lo contrario existe represión contra el preso.
“Tengo a mi hijo y me piden cinco mil cada mes. A nosotras sí nos bajan hasta la pantaleta y ellos mismos son los que meten la mierda. A nosotros nos encueran para poder entrar”, menciona una mujer.
