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El secretario general de Gobierno, José Manzur Quiroga, informó que aún no se decide si la Ley para Regular el Uso de la Fuerza Pública del Estado de México entrará en vigor como se tiene previsto el próximo mes de julio, sin descartar la posibilidad de que su puesta en marcha quede suspendida.
En breve entrevista, el funcionario estatal señaló que el gobierno mexiquense y los integrantes de la 59 Legislatura Local aún no dialogan para determinar si el citado ordenamiento continuará el trámite normal para su entrada en vigor.
La Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública fue aprobada el pasado mes de marzo y actualmente se encuentran en revisión al menos dos solicitudes de inconstitucionalidad presentadas por diversas instancias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Al respecto, el secretario general de Gobierno del Estado de México informó que los magistrados de la SCJN no han solicitado —hasta el momento— ningún tipo de informe o información al gobierno del Estado de México, como sí lo han hecho en el caso de los integrantes de la 59 Legislatura, quienes promovieron uno de los recursos de inconstitucionalidad que son analizados.
“Hasta ahora no nos han solicitado nada, pero me he puesto a las órdenes de los ministros para lo que se les ofrezca”, indicó el encargado de la política interna mexiquense.
Manzur Quiroga también indicó que para determinar si el citado ordenamiento seguirá su curso normal previsto, deberá sostener algún tipo de diálogo con los diputados, ya que el decreto de su aprobación señala que deberá entrar en vigor en julio próximo.
Manzur Quiroga no descartó en este sentido la posibilidad de que la puesta en práctica de la llamada Ley Atenco quede en suspenso o se aplace, pues se espera que la Suprema Corte de Justicia emita una resolución o dictamen sobre las solicitudes de inconstitucionalidad que analiza.
Como se recordará, la llamada Ley Atenco fue denunciada como un ordenamiento violatorio de garantías individuales ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por parte de los partidos Morena y PRD, incluso a nivel nacional, mientras que organismos como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México señalaron que es una ley lesiva de al menos tres derechos humanos, entre estos el derecho a la libertad de manifestación.
