Más Información
Altagracia Gómez: México buscará liderar la primera misión 100% latina al espacio en 2027; participará Katya Echazarreta
Ella es Marisela Morales, primera mujer titular de la PGR, señalada por presuntas irregularidades; buscar ser ministra de la SCJN
Cuando Trump amenazó con el muro, AMLO apoyó a EPN; “me pondría del lado de Peña Nieto para defender a los mexicanos”
Esperan sentencia contra estudiante del IPN por violación a la intimidad con IA; será la primera en América Latina
metropol@eluniversal.com.mx
Los cuerpos de la mujer y el hombre, presuntos secuestradores originarios del Estado de Guerrero, que fallecieron linchados por la ira de pobladores de Atlatongo, no han sido reclamados por alguno de sus familiares; en tanto que el joven que fue raptado regresó sano y salvo, confirmó el secretario de Gobierno, José Manzur Quiroga.
La madrugada del martes, un joven de 25 años fue secuestrado por tres hombres y una mujer, quienes presuntamente lo trasladaron a una casa de seguridad en el estado de Hidalgo. El hermano de la víctima reconoció más tarde la camioneta de su familiar y pidió apoyo a pobladores, que retuvieron la unidad, junto con dos hombres y una mujer.
Una muchedumbre de más de 500 personas, rodeó y, sin control, empezó a golpear a los presuntos raptores.
Primero falleció Octavio Ramírez por los puñetazos y patadas que recibió en la cabeza y rostro; horas más tarde Nayeli, quien además de ser golpeada sería colgada; en tanto que Pedro Rivera Rosas, el tercer retenido, viajó acompañado de 18 pobladores al estado de Hidalgo, donde se supone estaría el secuestrado, aunque no lo encontraron en ese lugar.
El secretario de gobierno mexiquense informó que los presuntos secuestradores eran Octavio Ramírez, de 31 años, originario de Ayutla de los Libres, Guerrero; y Nayeli Pérez Verde, de 30 años; así como Pedro Rivera Rosas, de 28 años, también originario de Ayutla de los Libres, quien fue hospitalizado y dado de alta, por lo que rinde su declaración en la Procuraduría de Justicia del Estado de México.
La autoridad informó que aceptó formar parte de la banda delictiva.
En conferencia de prensa, Manzur confirmó que los 18 pobladores de Atlatongo fueron liberados debido a que no fueron detenidos en flagrancia, por lo que no hubo pruebas de que participaron en el linchamiento.
Las investigaciones continúan y quienes intervinieron en el ajusticiamiento de dos de los tres presuntos plagiarios serán detenidos y castigados conforme marca el reglamento, afirmó el secretario.
“Hacerse justicia por propia mano también es un delito. El asesinato de dos personas y la agresión a una más es un hecho que se investigará y se sancionará a quienes hayan participado en el acto”, insistió Manzur.
El joven de 25 años que fue secuestrado, liberado y abandonado en la carretera Venta de Carpio-Teotihuacán, la madrugada del jueves. La víctima, que reconoció por la ropa y tatuajes a las dos personas muertas, señaló que el cuarto de sus captores lo liberó.
Manzur Quiroga rechazó que el alcalde de Teotihuacán, el priísta Arturo Cantú Nieves, haya sido detenido por pobladores de Atlatongo y mucho menos intercambiado por los 18 colonos detenidos, pues permaneció por su voluntad en esa comunidad, hasta la liberación de los habitantes.
El procurador mexiquense, Alejandro Gómez Sánchez, afirmó que el linchamiento no es un delito, lo que existe es el homicidio y lesiones, quien descartó dar cifras sobre el número de casos registrados en el Estado de México, donde pobladores han intentado hacerse justicia por propia mano.
“La Constitución faculta a la ciudadanía realizar detenciones cuando existe flagrancia, pero los detenidos deben ser puestos a disposición de la autoridad más cercana, que a su vez debe presentarlos ante el Ministerio Público, para que se defina su situación legal”, apuntó Gómez Sánchez.
Reiteró que las investigaciones continuarán para identificar a las personas que golpearon a los tres presuntos plagiarios.
Hasta anoche, los cuerpos de la mujer y el hombre, presuntos secuestradores, aún permanecían en el servicio médico forense de la Procuraduría mexiquense, donde ningún familiar se había presentado a solicitar la entrega de los difuntos.