emilio.fernandez@eluniversal.com.mx
San Salvador Atenco, Méx.— Aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza la constitucionalidad de la Ley Atenco que regulará el uso de la fuerza pública en el Estado de México, 20 comunidades ya preparan la promoción de amparos para evitar que se aplique, pues consideran que se violentarán sus derechos humanos si entra en vigor en junio próximo, como está planeada.
Residentes de San Salvador Atenco, Coyotepec, Tecámac, San Francisco Magú, en Nicolás Romero y San Francisco Xochicuautla, en Lerma, son los que presentarían los primeros recursos legales, porque actualmente luchan por defender sus territorios y bienes naturales, dijo Antonio Lara, presidente del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, organismo que asesora a los pueblos mexiquenses que se oponen a esta regulación.
Se prevé que los juicios de amparo se interpondrían ante las sedes que conforman el Segundo Circuito en el Estado de México: Toluca, Naucalpan y Nezahualcóyotl.
Resistencia. Los habitantes de San Salvador Atenco emprenden actualmente un movimiento de resistencia para evitar que sus tierras sean ocupadas para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y sea usada la fuerza pública en su contra, como sucedió el 3 y 4 de mayo del 2006, cuando se presentaron abusos policiacos contra cientos de sus pobladores.
En el caso de Atenco lo que se combatiría sería la sistematización que regula el ingreso a los pueblos para detener a personas que se consideran peligrosas, tal como sucedió en 2006, cuando los miembros de la fuerza pública detuvieron a varias personas en sus hogares sin que contaran con orden de cateo ni aprehensión, anticipó.
De declarar la Suprema Corte de Justicia de la Nación como inconstitucional la Ley Atenco, los organismos defensores de derechos humanos, como el Zeferino Ladrilleros, buscarían mecanismos que garanticen la libre manifestación en el Estado de México.