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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acordaron robustecer acciones de vigilancia y combate a la tala clandestina, así como detener los desarrollos habitacionales irregulares en la cuenca de Valle de Bravo, en el Estado de México.
Al reunirse con representantes de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, el secretario Rafael Pacchiano Alamán les ofreció trabajar de manera conjunta y considerar sus propuestas para el diseño del nuevo plan de manejo de esta área natural protegida.
Informó que como parte de las acciones de recuperación de Valle de Bravo, la dependencia a su cargo realizará un programa de saneamiento del tiradero municipal. Este centro de acopio será provisto de un sistema de geomembranas que evitarán la contaminación de los acuíferos.
Por su parte, el procurador federal Guillermo Haro Bélchez anunció que, a partir del convenio de colaboración suscrito entre Semarnat, PRofepa y la Comisión Nacional de Seguridad, esta área natural será uno de los patrimonios vigilados por los elementos de la nueva Gendarmería Ambiental, en particular el área conocida como El Calvario.
Explicó que los asentamientos humanos irregulares y las construcciones sin permisos ejercen presión sobre los recursos naturales de la zona, por lo que se acordó canalizar al menos una decena de elementos de este cuerpo de seguridad para fortalecer la vigilancia en ese lugar.
La presencia de este grupo especial será oportuno y útil para disuadir la delincuencia, así como un gran apoyo para la autoridad ambiental frente a fenómenos como la tala clandestina o el surgimiento de nuevos proyectos habitacionales irregulares al margen de la ley, abundó Haro Bélchez.
Durante la gira de trabajo de las autoridades ambientales por esta localidad, el Procurador Federal informó también que entre las tareas de protección y vigilancia de la ANP Valle de Bravo destaca la puesta en operación de una oficina regional de Profepa con seis nuevos inspectores.
Indicó que se cuenta con un estudio técnico inicial en el que se tomaron en cuenta las denuncias e información proporcionadas por agrupaciones civiles, gracias a las cuales se pudo determinar la existencia de poco más de 600 desarrollos o construcciones habitacionales que presentan irregularidades a lo largo de esta cuenca.
Aseguró que el compromiso asumido es lograr la revisión total de estos casos. A la fecha la Profepa tiene un avance del 20%: se han realizado 42 clausuras y se han iniciado 77 procedimientos administrativos contra particulares y empresas desarrolladoras. Se espera conseguir la demolición de las obras en tres casos por lo menos.
"La meta es regularizar, encauzar, poner orden y, sobre todo, respetar el medio ambiente en esta parte del país. Para ello el trabajo, la colaboración y participación de las organizaciones no gubernamentales en la entidad es fundamental", afirmó.
tcm
