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Toluca.— Legisladores del PRI, PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la Ciudad de México, para presentar de manera formal y por escrito un “recurso de inconstitucionalidad” en contra de la Ley que regula el Uso de la Fuerza Pública del Estado de México, denominada Ley Atenco, que ellos mismos aprobaron a iniciativa del ejecutivo estatal y por mayoría de votos en marzo.
Encabezados por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juvenal Cruz Roa, también coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, acudieron a entregar el recurso luego de que el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, pidiera directamente a los diputados dejar en manos de la Corte el destino de dicha ley, aunque de manera separada ya lo habían hecho los partidos Morena, el PRD y el propio PAN, mediante solicitudes por separado promovidos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su similar mexiquense.
Juvenal Cruz Roa explicó en una entrevista que tras la petición del gobernador Eruviel Ávila se hizo una “invitación abierta” a todas las fracciones para quienes quisieran respaldar el recurso; sin embargo, sólo lo hicieron las fracciones que apoyaron el decreto, excepto los diputados del PAN, así como 10 diputados del PRD.
El legislador aseguró que el recurso lo promovieron porque están “totalmente seguros, cien por ciento de la ley que aprobaron” y rechazó que exista alguna “contradicción”.
“El fundamento es que estamos seguros de lo que aprobamos, es una ley que está regulando la Fuerza Pública en el Estado de México, en los 125 municipios, estamos seguros de lo que hicimos, de lo que aprobamos, de lo que votamos y no hay ninguna duda y qué mejor que el máximo órgano pueda determinar, pero existe toda la seguridad por parte de los diputados que hemos signado esta acción”, señaló.
—¿No resulta contradictorio que digan que están seguros de lo que aprobaron, pero recurren a la Suprema Corte?”, se le cuestionó.
—No, no puede ser contradictorio porque es una facultad que tenemos y es precisamente para que la ciudadanía, la sociedad se dé cuenta de lo que aprobamos, dijo.