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maria.montano@eluniversal.com.mx
Lerma, Méx.— El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, pidió a los integrantes de la 59 Legislatura Local promover un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública que él mismo promovió y presentó ante la Legislatura Local, para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que determine su legalidad.
Durante la inauguración de la plaza Estado de México en esta localidad y a solo 24 horas de que organizaciones civiles anunciaran una lluvia de 100 mil amparos contra el citado ordenamiento, el mandatario reculo al pedir públicamente a los diputados que aprobaron su iniciativa promover ellos mismos el recurso de inconstitucionalidad.
“He solicitado a los señores diputados esta acción, que sometan o presenten esta acción de inconstitucionalidad no porque considere que esta ley viola la Constitución, de ninguna manera, sino porque es la única vía; la Constitución no contempla otra vía más que pedirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revise la ley y ver si esta ley es respetuosa de los derechos humanos y si los argumentos que hemos vertido son como lo he afirmado, correctos. El respeto a los derechos humanos es el eje rector de mi gobierno”, señaló.
Ante los coordinadores parlamentarios de las principales fracciones que promovieron y aprobaron su iniciativa para regular el uso de la fuerza pública (PVEM, PRI, NA y Encuentro Social), el ejecutivo estatal pidió incluso a “otras fuerzas políticas sumarse a esta solicitud”, lo cual ya hicieron anticipadamente PRD, Morena y PAN mediante escritos por separado.
“El peor escenario para los derechos humanos, es no tener regulación sobre la fuerza, es decir, que cada quien haga lo que crea que puede hacer o que debe hacer, no, debe hacerse lo que la ley marca y por eso, es que enviamos esta iniciativa y fue aprobada por una gran mayoría en la Cámara de Diputados local”, indicó.
También aseguró que cuando la ley fue aprobada, la mayoría de los diputados dieron su aval por considerar que cumplía con los principios de constitucionalidad, legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, “características que la SCJN estipula deben ceñir el actuar de las instituciones cuando usan la fuerza pública”, dijo.
Insistió que la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en la entidad fue promovida para cumplir con recomendaciones de instancias de derechos humanos internacionales y nacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo y casi de forma simultánea, esta versión fue desmentida por la secretaria general del PRD, Ana Yurixi Leyva Piñón, quien tras entregar una solicitud a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se revise la ley, reveló que ni el Alto Comisionado de la ONU, ni la CODHEM, ni ningún otro organismo especializado dio aval alguno a la ley, como difundió en su momento la consejera jurídica Luz María Paz Zarza Delgado.
Finalmente los representantes del PRD que acudieron ayer a las oficinas del ombudsman mexiquense, también confirmaron que el comisionado estatal nunca fue consultado para diseñar el citado ordenamiento.
