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Docenas de activistas y manifestantes de más de 50 organizaciones civiles y comunidades, principalmente indígenas y rurales, iniciaron una “jornada de lucha” para desactivar la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública del Estado de México en manifestaciones.
Los inconformes clausuraron de manera simbólica el Congreso Local y anunciaron diversas medidas legales para contrarrestar su entrada en vigor en julio, incluyendo una lluvia de amparos ante juzgados del Poder Judicial Federal a partir del 12 de abril.
Encabezados por organizaciones civiles como el Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra y el Frente Pro-Defensa de los Derechos Humanos del Estado de México, los inconformes iniciaron la resistencia contra la Ley Atenco y a la que también ellos nombran como Ley Eruviel. Colocaron una enorme lona con la leyenda: “clausurado”, a las puertas de la sede del Poder Legislativo, para “repudiar” así a los diputados locales que aprobaron la iniciativa (excepto los de Morena) y anticipar una “lucha intensa, extensa y apartidista” a partir de esta semana.
A la jornada se sumaron organizaciones externas como la de “Mexicanos Sin Fronteras AC”, con sede en Washington DC y de la Universidad de la Ciudad de México, para fijar postura, una a una, en contra de esta polémica ley. Coincidieron en que se trata de una norma peligrosa y anticonstitucional, que le “da licencia para matar al gobernador”, ya que criminaliza la protesta social y permite el uso de armas de fuego e incluso letales.
Apostados en la plaza cívica de esta ciudad, pero de frente al edificio que alberga las 75 curules que integran la LIX Legislatura Local, el representante de “Mexicanos sin fronteras AC” aseguró que la norma forma parte de una nueva generación de instrumentos legales, mediante los cuales los diversos gobiernos en los estados pretenden frenar, acallar y controlar la protesta social ante la serie de despojos y atropellos que se están presentando, dijeron, en diversas latitudes del país.