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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notificó al Congreso local que fue aceptada su solicitud de recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública del Estado de México que promovieron 51 diputados hace dos semanas, los mismos que la aprobaron el pasado 17 de marzo.
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la 59 Legislatura, Juvenal Cruz Roa, confirmó que el organismo le notificó la resolución el pasado jueves, además de que les dio un plazo de 15 días a los diputados locales, para que presenten el “informe sustanciado” correspondiente.
En entrevista, el líder de la Cámara Local refirió que los Ministros sólo solicitaron a la Legislatura un informe y no a otra autoridad, aunque la iniciativa original es del gobernador Eruviel Ávila Villegas.
Cruz Roa también aseguró que —de ser necesario— los legisladores realizarán a la brevedad las reformas que soliciten los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que el objetivo es que la ley, señaló, sea compatible con los derechos humanos.
El también coordinador del PRI aseguró que en cuanto la Suprema Corte de Justicia haga las “observaciones pertinentes” sobre la polémica normatividad, conocida como Ley Eruviel o Ley Atenco, los legisladores realizarán de inmediato los cambios pertienentes, una vez que hagan el análisis de la respuesta o resolución que se brinde. “Yo creo que hacer el análisis correspondiente del artículo que nos diga la Suprema Corte, hacer el estudio con los diputados y si conviene a la sociedad lo estaremos haciendo”, dijo.
Detalló que los cambios que se apliquen al ordenamiento que aprobaron por mayoría de votos el pasado 17 de marzo se harán mediante una segunda iniciativa de reformas.
“Todas las leyes son perfectibles, todas, y en efecto nosotros estaremos atentos para adecuar lo correspondiente, en lo que la resolución dicte de la suprema Corte de Justicia de la Nación”, aseguró.
Informó que como parte del informe que rendirán ante los ministros que analizaran el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, deberán fundamentar y dar explicaciones de su solicitud.
La llamada Ley Atenco ha sido duramente cuestionada ante organismos de derechos humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar que violenta al menos tres garantías: la libertad de expresión, el derecho a la protesta y la manifestación de ideas.
Los partidos PAN, PRD, Morena y PT la han recurrido ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que esa instancia promueva a su vez recurso de inconstitucionalidad también ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
