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Organizaciones sociales del Estado de México iniciaron una lucha para evitar que entre en vigor, en junio, la ley que regula el uso de la fuerza pública porque consideran que transgrede sus derechos a la libre manifestación y de expresión.
Las agrupaciones y comunidades mexiquenses conformaron un frente llamado Fuego de la Digna Resistencia que buscará que no se aplique la también llamada Ley Atenco, o Ley Eruviel, como algunos también la han denominado.
Antonio Lara, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, aseguró que la ley no sólo viola los derechos a manifestarse libremente y a expresarse, sino que pone en peligro la vida.
“Esta ley ya faculta de forma preocupante a las fuerzas policiacas del Estado de México, dígase estatales o municipales para hacer uso de armas de fuego en contra de manifestantes, simple y por la motivación de que alguno de estos miembros de los cuerpos policiacos considere que la manifestación es ilegal”, dijo.
“Desafortunadamente no hay parámetro perfectamente establecido que determinen cuándo es una manifestación legal o ilegal, luego entonces puede prestarse a un criterio subjetivo bastante peligroso en los términos de que cualquier policía podrá prejuzgar a cualquier persona por su apariencia física y por eso tendrá la facultad para dispararle, eso pone en peligro la vida de cientos de personas”, advirtió.
Heriberto Salas, integrante de la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México, dijo que es una estrategia del Estado para quitarle territorio y sus recursos a las comunidades del oriente mexiquense, como ha ocurrido con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
“Si se asienta una ley en el Estado de México en el resto del país lo van a querer hacer. Al rato también la libertad de expresión nos la van a querer coartar”, opinó.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco denunció que la aprobación de la ley se hizo prácticamente en secreto, porque ninguno de los partidos la hizo pública con antelación.
“Queda claro que esta absurda ley tiene como objetivo reprimir impunemente a las personas, pueblos y organizaciones que desde el Estado de México defendemos la tierra, el territorio, los bienes naturales.
Debe quedar claro que somos nosotras y nosotros quienes, además de seguir defendiendo lo que de por sí defendemos, echaremos atrás estos ataques autoritarios”, expresó.
La ley aprobada por el Congreso local el 17 de marzo y publicada un día después en la Gaceta del Gobierno, establece, entre otros puntos, que los miembros de las corporaciones policiacas podrán emplear armas letales e incluso disolver reuniones o asambleas ilegales.
Los policías estatales y municipales podrán utilizar la fuerza “en legítima defensa del elemento o de terceros; por cumplimiento del deber al salvaguardar los derechos, bienes y libertad de las personas, el orden y la paz pública, o para prevenir delitos, cuando sea necesario”.
Organizaciones buscan que se declare como inconstitucional la ley para que no se ponga en práctica.
