Más Información
emilio.fernandez@eluniversal.com.mx
Toluca, Méx.— La recién aprobada Ley para Regular el Uso de la Fuerza Pública por el Congreso local no pondrá en peligro los derechos humanos de los mexiquenses y servirá para que no se cometan excesos de elementos policiacos en el Estado de México, afirmó el secretario de Gobierno, José Sergio Manzur Quiroga.
“Queremos prever que no haya un solo exceso. Nosotros esperamos que no ocurra nunca”, dijo.
El encargado de la política interna del Estado de México consideró que los que han criticado la ley no la han leído bien, pues lo que se busca es cuidar los derechos humanos, no violentar su derecho a manifestarse, ni coartar su libertad de expresión.
En la iniciativa avalada por la Cámara de Diputados mexiquense, y propuesta por el gobernador Eruviel Ávila, se contempla que los elementos policiacos podrán emplear armas letales e incluso disolver reuniones o asambleas ilegales.
Los policías estatales y municipales podrán emplear la fuerza “en legítima defensa del elemento o de terceros, por cumplimiento del deber al salvaguardar los derechos, bienes y libertad de las personas, el orden y la paz pública o para prevenir delitos cuando sea necesario para salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de algún peligro”, dice la ley.
Además, se establece que “cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de otras personas o del elemento, éste podría hacer uso intencional de armas letales, pero sólo en defensa propia o de terceros en caso de peligro inminente de muerte, lesiones graves o para evitar un delito que represente una seria amenaza o para impedir una fuga, cuando otras medidas hayan sido insuficientes”.
El secretario general de Gobierno aseguró que el uso de la fuerza pública y de las armas será el último de los recursos que se emplee, sólo cuando otros medios hayan sido agotados o insuficientes:
“El uso de la fuerza será proporcional a las acciones, sin excesos. Que se pueda hacer uso de la fuerza sólo para combatir la delincuencia, controlar resistencias ilícitas o en un caso de estado de necesidad, por ejemplo, un sismo o un caso de emergencia, lo cual no implica en ningún momento la represión o violación de la libertad de expresión”, comentó.
El interés del gobierno estatal, sostuvo, es respetar los derechos humanos de los habitantes.
“No le veo nada que ponga en peligro la integridad de los derechos de nadie, al contrario, yo creo que sirve para que no haya ningún exceso”, opinó Manzur Quiroga.
Consideró que es más “el ruido político” que se ha hecho después de que se aprobó la iniciativa, de lo que realmente debería preocuparle a la sociedad mexiquense.
El gobierno estatal, a través de la Consejería Jurídica, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana elaboran el reglamento para que entre en vigor la ley, que será en un plazo no mayor a los 90 días. Además, las instituciones de Seguridad Pública estatal deberán capacitar a sus elementos “dentro del plazo de 180 días hábiles contados a partir de su publicación”, indica la ley.
