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maria.montano@eluniversal.com.mx
Toluca, Méx.— El gobernador del Estado de México, Eruviel Avila Villegas, presentó una iniciativa de ley ante el Congreso local para regular el uso de la fuerza pública aplicando consideraciones en materia de derechos humanos, para prevenir tratos crueles o degradantes durante las incursiones policiacas, pero también incluyendo sanciones para policías y comandantes que no ejerzan adecuadamente esta atribución cuando así se les ordene ante eventualidades sociales.
La iniciativa plantea fincar responsabilidades a mandos y operativos de instituciones de seguridad que no realicen adecuadamente la represión de eventos, que desde el punto de vista gubernamental pudieran romper con la tranquilidad y orden.
Establece que el uso de la fuerza pública “será legal cuando se apegue absolutamente a derecho; objetiva cuando se realice con base en la consideración de hechos reales, sin tomar en cuenta situaciones subjetivas; eficiente cuando sea aprovechando y optimizando los recursos disponibles, y racional cuando su uso sea acorde a la situación que se enfrenta”.
El documento señala en su exposición de motivos, que se incorporan reglas para mantener la paz y el orden público respetando el ejercicio del derecho de asociación y reunión de las personas, para ejecutar detenciones, en el cumplimiento de determinaciones emitidas por autoridades judiciales, ministeriales y administrativas, en centros de readaptación social y durante desastres naturales.
Indica también que las instituciones de seguridad pública deberán dotar de equipos profesionales a los cuerpos policiacos para actuar ante cualquier eventualidad, así como establecer mecanismos efectivos de “rendición de cuentas, a fin de erradicar de los cuerpos de seguridad prácticas abusivas e ilegítimas como el trato cruel o degradante y la tortura”.
Indica que el gobierno mexiquense y las instituciones públicas serán responsables de la reparación integral a las víctimas del uso ilegal de la fuerza. La iniciativa del Ejecutivo estatal fue turnada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de Seguridad Pública y Tránsito para su estudio y dictaminación correspondiente; legisladores del PRD y del PAN anticiparon que revisarán “con lupa”, cada aspecto de la iniciativa.
