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maria.montano@eluniversal.com.mx
Almoloya de Juárez, Méx.— Hasta ahora la justicia federal ha dictado cuatro suspensiones provisionales, de igual número de juicios de amparo, a favor del alcalde con licencia de Naucalpan, David Sánchez Guevara, en contra de nuevas imputaciones o traslados. El procurador Alejandro Gómez Sánchez informó que el nuevo cargo que pretende fincársele al edil tiene que ver con un programa de “banqueta digna”.
Además de la suspensión provisional, que evita realizar una nueva audiencia de formulación de cargos, también ha obtenido suspensiones provisionales en contra de la vinculación al proceso por el delito de peculado que ya decretó un juez local y contra traslados a otros penales. No obstante, el pasado miércoles fue enviado del penal de Santiaguito al centro penitenciario de Otumba.
Por lo anterior, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) de nuevo no pudo fincarle otros cargos a Sánchez Guevara durante una audiencia en la que sólo se confirmó que está protegido por la justicia federal.
Durante la audiencia celebrada en una sala de juicios orales del Poder Judicial del Estado de México, la representación social intentó que el juez de Control de Procesos, José Alfredo Cedillo González, aceptara la formulación de nuevos cargos contra el ex edil, sin embargo, el juzgador confirmó la existencia de una suspensión (ahora definitiva) para realizar una audiencia con ese propósito.
El juzgador aclaró que dicha audiencia no podrá reprogramarse en tanto el juez que otorgó la suspensión, indique lo contrario o resuelva de fondo el juicio de amparo respectivo.
Más tarde el procurador Gómez Sánchez indicó en una entrevista en la ciudad de Toluca, que una de las nuevas acusaciones que se pretende fincar contra el ex alcalde tiene que ver con un programa de “banqueteo”, por “obras pagadas y no ejecutadas”, nuevamente.
Sin embargo, ayer fue imposible, por ley, formular nuevas acusaciones contra Sánchez Guevara, quien tras el módulo de cristal de la sala de comparecencias de juicios orales lucía más delgado, a rape y demacrado, además de asegurar que fue llevado a la audiencia en contra de su voluntad y sin permitírsele comunicación previa con su defensa.
Debido a ello el juez suspendió la audiencia para concederle 15 minutos de privacidad con sus abogados Héctor Mordueño Ruiz y Mauricio Moreno.
La defensa argumentó que la audiencia era “anticonstitucional” porque se hizo contra la voluntad del edil; así como su traslado al penal de Otumba.
