Presuntos empleados del Sistema de Administración Tributaria (SAT) realizaron un embargo al colegio La Salle en el fraccionamiento Boulevares, mientras más de un centenar de niños se encontraba allí en un curso de verano, informó Marcos Ferrari Pérez, el director general de Operadora Colegios La Salle
Les reclamaban el supuesto adeudo de 15 millones de pesos, que de acuerdo al SAT, es por concepto del IVA que la institución debe cobrar por la expedición de títulos y certificados a sus alumnos. “Nosotros no vendemos” estos documentos, declaró Ferrari Pérez.
El personal del SAT, integrado por actuarios y 40 hombres, irrumpió este 28 de julio en la primaria La Salle, ubicada en la colina Del Jade, Fraccionamiento Boulevares. En el interior del inmueble había más de un centenar de niños.
El operativo de embargo, que duró 10 horas, terminó a las 2:00 am del 29 de julio. El personal del SAT, se llevó mobiliario y pizarrones de cuatro salones, 32 computadoras y los archivos de calificaciones de la SEP de 400 alumnos, lo que además representa una violación e intromisión a la confidencialidad de datos personales, que ya es un delito federal, apuntó Ferrari Pérez, luego de denunciar este acto ante unos 300 empresarios de la Coparmex Metropolitana.
"La Ley fiscal no establece que la expedición de certificados o títulos académicos generen IVA. La SEP y la UNAM emiten una cuota por la emisión de estos documentos con base a salarios mínimos, pero al SAT se le olvida que los colegios como La Salle no vendemos títulos”, lamentó Ferrari.
El SAT notificó hace tiempo a colegios La Salle del requerimiento para el pago de IVA por todos los certificados y títulos expedidos durante los últimos cinco años, procedimiento “que atendimos y empezamos un trabajo fiscal para demandar su nulidad, porque este colegio no vende y mucho menos cobra el IVA por la emisión de cada certificado”.
“Pero sin aviso llegaron el martes 28 de julio, cuando había 120 niños de tres a cuatro años de edad, en el curso de verano”, quienes vivieron con sobresalto, angustia y llanto el embargo, especialmente un grupo de pequeños, que fueron desalojados de un salón por el personal del SAT, esto es lo que más nos molesta. No respetaron el acto educativo, no somos delincuentes”, por lo que el colegio acudirá ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, afirmó.
“El colegio está respondiendo por medios legales a los requerimientos del SAT. Si existe una diferencia, llegaremos a un acuerdo y en su caso se pagará lo que se tenga que pagar, aunque sea improcedente”.
“Este embargo es improcedente, por ello impugnamos el acto, porque es arbitrario y fue un abuso de autoridad, porque si es obligatorio, primero tendremos que comunicarlo a los padres de familia y decirles, a partir de hoy estos trámites causan el Impuesto al Valor Agregado, yo lo retengo para reintegrarlo al SAT”, finalizó.
mvl