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La Comisión de Derechos Humanos local (CDH) abrió una queja de oficio por la difusión de un operativo que hizo el city manager en Miguel Hidalgo, Arne aus den Ruthen, contra trabajadoras sexuales, hecho que organizaciones civiles consideraron intimidatorio, a pesar de que esta actividad ya es reconocida como trabajo no asalariado.
La CDH informó que tras el operativo difundido en la plataforma Periscope y reportado en la prensa, se inició una investigación, con la cual suman ocho quejas relacionadas con el uso de esta herramienta por parte de servidores públicos en Miguel Hidalgo.
La organización ciudadana defensora de este gremio, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, consideró que el funcionario violentó la propia Ley de Cultura Cívica que establece que para proceder en su contra se requiere de la denuncia de por lo menos 10 vecinos ante un juez cívico y notificar a la policía para hacer el operativo, situación que no realizó.
“Habría que ver el papel que jugaron los policías que estuvieron con él porque están violando una disposición de la misma Ley de Cultura Cívica”, afirmó Jaime Montejo, vocero de la agrupación.
La noche del miércoles pasado, Ruthen Haag hizo un operativo en las colonias Verónica Anzures y Anzures para remitir a sexoservidoras al Juzgado Cívico; en ambos casos, citó el artículo 24 fracción VII de la Ley de Cultura Cívica que califica como una falta invitar o ejercer la prostitución, por lo que el infractor será remitido al Juez Cívico, sólo en caso de que haya queja vecinal.
En Anzures, una mujer fue remitida a bordo de la patrulla DF-208- P2, mientras un vecino, a quien el funcionario refiere como uno de los quejosos, los grababa.
Antes, cinco personas transgénero se escaparon cuando el funcionario pidió a policías que las remitieran al Juez Cívico; una de ellas cuestionó al funcionario si tenía pruebas y además negó dedicarse a la prostitución.
“El ex delegado en Miguel Hidalgo desconoce los alcances de la sentencia 112/2013 del Poder Judicial de la Federación, donde un grupo de trabajadoras sexuales obligó al gobierno capitalino a reconocerlas como trabajadoras no asalariadas”, cuestionó Jaime Montejo.
