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Un total de 10 ex servidores públicos de la delegación Cuauhtémoc fueron inhabilitados de manera temporal por la Contraloría General de la Ciudad de México para desempeñarse en algún cargo en los próximos tres años, informó el director Jurídico y de Gobierno de la demarcación, Pedro Pablo de Antuñano.
Dijo que se trata de ex directores, subdirectores y jefes de Unidad Departamental de la pasada administración, acusados de uso indebido en el cargo y extorsión.
Después de llevar a cabo diligencias por 150 días, la Contraloría General notificó a la delegación Cuauhtémoc sobre estas sanciones a 10 ex funcionarios responsables de llevar a cabo prácticas fraudulentas en el reloj checador, extorsión en materia de obras y abuso de poder.
De Antuñado, quien se hizo acompañar en conferencia de prensa de la Fiscal Anticorrupción de la Cuauhtémoc, Zuleyma Huidobro González, señaló que son las primeras medidas correctivas que notifica la Contraloría capitalina a la delegación sobre una serie de denuncias interpuestas antes de que el jefe delegacional, Ricardo Monreal Ávila, asumiera el cargo.
Tan sólo en el proceso entrega-recepción de la Cuauhtémoc fueron interpuestos 94 denuncias por presuntas irregularidades en diversas áreas de la demarcación.
A la fecha, según el director Jurídico y de Gobierno, suman 121 acusaciones ante instancias de procuración y administración de justicia.
“Con estas acciones tenemos plena confianza de que continuarán las investigaciones sobre las denuncias que restan, por eso aprovechamos para hacer un llamado a las autoridades de la Procuraduría capitalina para que se investiguen otras 11 denuncias interpuestas por uso incorrecto de atribuciones”, demandó De Antuñano.
Los inhabilitados no podrán ejercer algún cargo público, cuatro de ellos vinculados a la práctica fraudulenta del reloj checador y que hace meses se había denunciado sobre la presencia de una red de corrupción comandada por un coordinador de estructura de la administración del ex delegado, Alejandro Fernández Ramírez.
Omar Jaime Rosas, adscrito a la Dirección de Recursos Humano, fue impedido junto con otros tres responsables Gerardo Mendoza Aguilar; José Alberto Torres García y Luis García Peña.
A estas personas se les compró actos de extorsión en contra de trabajadores a quienes les exigían cuotas quincenales que iban desde los 50 hasta los 200 pesos para cubrir salidas, entradas o faltas.
tpc
