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diana.fuentes@eluniversal.com.mx
Los problemas de ejecución que hay en el nuevo Reglamento de Tránsito no son motivo para solicitar una consulta que pretenda la revocación del ordenamiento jurídico, consideraron organizaciones no gubernamentales en materia de movilidad.
Aunque reconocieron que el reglamento sí presenta deficiencias, de nada sirve tratar de echarlo abajo por un asunto político.
“Es argumentable llamar a una consulta pero no ir en contra de un reglamento que asegura la ejecución y existencia de un derecho humano a la movilidad en la Ciudad de México. También para una consulta habría que analizarla, estudiarla y estar seguro de realizarla”, señaló Mercurio Cadena, abogado de Wikipolítica DF.
A su consideración, el partido de Morena lo único que ha hecho es politizar el tema. “En lugar de promover un plebiscito hubiera sido más fácil debatir con organizaciones y sociedad civil para que juntos revisaran el reglamento que sí tiene errores de ejecución”.
Incluso Cadena avaló que las multas son necesarias y que entre más caras contribuyen a que la ciudadanía respete las normas y por supuesto la vida tanto de automovilistas como peatones y ciclistas.
“No está mal que los automovilistas paguen más que todos los usuarios por el simple hecho de que representan un mayor riesgo en las calles”. No obstante, sobre si a los ciclistas también se les debería imponer multas elevadas, el abogado precisó que no sería lo conveniente bajo el argumento de que no es la misma proporción en el riesgo.
Roberto Remes, director de Ciudad Humana México, sugirió que en lugar de pensar en plebiscitos, lo conveniente sería trabajar en campañas de capacitación que busquen crear conciencia en que las vidas no tienen nombre ni apellido, como se trató de hacer creer al presentar más de 60 mil firmas.
Por este motivo, los expertos en movilidad propusieron junto con el diputado perredista, Víctor Hugo Romo la conformación de un observatorio ciudadano para discutir el reglamento y no tratar de derogarlo.
Detallaron que a través de este observatorio, organizaciones civiles, dependencias como Secretaría de Seguridad Pública y de Movilidad podrían debatir sobre las posibles fallas del reglamento.
“No se puede salir a la calle a ver si la gente está o no de acuerdo, no puede ser sujeto a escrutinio público al contener reglas con elementos técnicos, ya que salva vidas y, en todo caso, sería un escrutinio técnico”.
Remes indicó que sí podría estar a discusión abrir una mesa de previsión que ya está prevista en la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, y representaría un recurso más simple que irse a un tribunal de justicia fiscal y administrativa para interponer una serie de amparos, como lo hicieron los partidos Morena y Humanista.
Debe existir una distinción clara entre problemas normativos del reglamento y los de ejecución, como límites de velocidad. “Son temas que se tienen que modificar y hay cosas que mejorar, pero no derogar el reglamento”.