Más Información
Inai busca participar en elaboración de leyes secundarias de Transparencia; “queremos incidir en la nueva legislación", piden comisionados
Detención de “El Cholo Palacios” clave para esclarecer Caso Ayotzinapa, afirma Alejandro Encinas; testimonio podría revelar paradero de estudiantes
INE advierte riesgo en elecciones de ocho estados por falta de recursos; los más afectados son Yucatán, Guerrero y Zacatecas
“Don Neto”, exfundador del Cártel de Guadalajara solicita libertad anticipada; casi termina sentencia por el asesinato de Kiki Camarena
Sheinbaum supervisa avances de Pensión para Mujeres en Aguascalientes; “¡Bienvenida!“, dice gobernadora Teresa Jiménez
Caso Ayotzinapa: Cae “El Cholo” Palacios en Tlatlaya, jefe de plaza de “Guerreros Unidos”; está implicado en la desaparición de los 43
metropoli@eluniversal.com.mx
La utilización de la herramienta de Periscope puede entenderse como “un ojo observador” en la vía pública que permita demostrar las faltas o infracciones que cometan los ciudadanos; sin embargo, es necesario matizar la información con la finalidad de no generar un daño a los derechos humanos de las personas, consideró Fernando Coronado, presidente de la Asociación para la Verdad en Proceso.
Dijo que el uso de este tipo de herramientas tecnológicas puede utilizarse como un mecanismo de prevención y contención para que la ciudadanía no se exceda en su comportamiento en la vía pública, mas no como un asunto de persecución de la autoridad.
Sobre la actuación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, Perla Gómez Gallardo, calificó que fue adecuada, porque es necesario garantizar el derecho a resguardar la imagen de las personas que son exhibidas en las redes sociales.
Sobre el tema, Míriam Pascual Jiménez, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), lamentó que las instituciones del Ciudad de México utilicen estas tecnologías para exhibir a las personas pues, considera se debe dar otro uso a las redes sociales.
“En cuanto al uso de medios tecnológicos y redes sociales, las instituciones de la capital no han priorizado en cómo utilizar toda esa información vertida para crear una cultura de legalidad respetuosa de derechos humanos, parece ser que los servidores públicos las utilizan para crear un imaginario de efectividad”, comentó la litigante.
Pascual Jiménez considera que este tipo transmisiones implican una serie de violaciones posteriores, pues mucha gente por el hecho de haber salido en la red son víctimas de burlas, generando un efecto en cadena de discriminación.
“Muchas veces las mismas autoridades entienden mal el uso de redes sociales para posicionar casos, están haciendo un uso indebido de los medios de comunicación en el sentido de que satanizan o generan medias verdades. El principal objetivo de los servidores públicos con este tipo de transmisiones, es popularizarse más allá de investigar y solucionar problemas”, dijo.