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La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, aclaró que la alerta emitida tras documentar el uso de Periscope para exhibir a ciudadanos por parte de Arne aus den Ruthen, City Manager de la Miguel Hidalgo, no obstaculiza acciones de las autoridades, sino pretende evitar un probable abuso de autoridad, toda vez que el uso de tecnologías para transmitir en vivo no está regulado ante la ley.
En entrevista con EL UNIVERSAL después de participar en el debate del gobierno federal del uso de la marihuana en Ciudad Juárez, Chihuahua, la presidenta de la CDH capitalina pidió a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México que debata el tema junto a distintas instancias y, así, acabar con el vacío legal por el uso de tecnologías como mecanismo para denunciar supuestas irregularidades. Esto a consecuencia de que 10 delegaciones de la ciudad ya usan Periscope para hacer denuncias públicas.
“No se trata de obstaculizar, sino de evitar que por flexibilizar los temas querríamos que el día de mañana la autoridad discrecionalmente pueda actuar sin un fundamento, porque eso automáticamente abre una puerta a probable abuso de autoridad. En este caso ante un vacío de la pertinencia o no del uso de estas tecnologías, cuando es en vivo, nos lleva justo revisar bajo qué fundamento está actuando y que no quede como una facultad discrecional”, dijo.
Ayer, la CDH informó sobre la investigación y documentación de tres expedientes de queja en los que se atribuye a personas servidoras públicas de la delegación Miguel Hidalgo, bajo el argumento de ser violatorios a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la honra y la protección de la imagen.
Gómez Gallardo aclaró que el uso de estas redes sociales que transmiten en vivo pueden generar popularidad ante la ciudadanía, pero también llegan al escarnio y el odio contra los ciudadanos que son exhibidos.
La comisión plantea abrir ya la discusión para que haya certeza jurídica para los ciudadanos cuando la autoridad —por un buen propósito— quiere utilizar medidas que no tienen fundamento legal.
“La ventaja de la regulación, va a permitir, en su momento, que haya alcances y límites porque la verdad estamos desfasados, las nuevas tecnologías ahí están porque la grabación en vivo no está fundamentada en la ley”, expresó.
Hay que tener claridad, sostuvo, y que no se confunda el debate, “nosotros lo que nos preocupa es el fundamento el actuar de una autoridad. Cualquier uso de tecnologías debemos revisar es que si tienen un fundamento para ver si pueden llevar a cabo sus funciones.
“La pregunta aquí es si el uso de estas tecnologías que permiten la exhibición en vivo de una persona cometiendo una infracción es, entonces ya, una modalidad para poder sancionar. No existe legalmente ese fundamento y eso puede violentar la seguridad jurídica de las personas”, argumentó.
En uno de los expedientes de queja atraídos por la Comisión de Derechos Humanos, la agraviada advierte que fue exhibida con el uso de la aplicación tecnológica denominada Periscope, durante la implementación por parte de la autoridad delegacional, de acciones para presuntamente cumplir atribuciones y facultades.
En este sentido, Perla Gómez dijo que el problema de transmitir en vivo es que pueden ocurrir situaciones que no pasan por ninguna forma de control de si hay imágenes de niñas, niños o si alguien en su presunción de inocencia no cometió la conducta pareciera que la están exhibiendo antes de ser presentada ante una autoridad.
