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Académicos y especialistas cuestionaron el proceso del que nacerá la Constitución Política de la Ciudad de México, desde el perfil del grupo redactor del proyecto que enviará el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, hasta la integración —unos designados, otros electos— de la Asamblea Constituyente que la aprobará.
Será “una Constitución sin constitucionalistas”, dijo Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En respuesta, el presidente de la Comisión Ejecutiva del proyecto redactor de la Constitución, Porfirio Muñoz Ledo, advirtió que hoy se viven otros tiempos en la capital del país, donde la pluralidad llegó para quedarse y existe la necesidad de abrir el debate a todos los sectores de la sociedad. Mencionó que se tiente contemplado, una vez que se tenga el proyecto, someterlo al análisis de constitucionalistas.
El consejero jurídico, Manuel Granados, adelantó que se busca tener un documento progresista e incluyente que sirva de ejemplo para otras entidades.
Durante el foro organizado por EL UNIVERSAL, académicos plantearon sus preocupaciones a integrantes del grupo redactor del proyecto de Constitución, encabezados por Porfirio Muñoz Ledo y el secretario técnico, Manuel Granados.
Los miembros de ese grupo: “notorios, no notables” —aclaró Muñoz Ledo— están claramente identificados con una ideología y un partido, no refleja la pluralidad de la Ciudad, manifestaron los académicos.
“La evidencia empírica indica que las grandes constituciones fueron redactadas por dos o tres personas, todos constitucionalistas”, sostuvo el experto en Derecho Constitucional, Jorge Islas López. Es un instrumento “muy técnico, más que aspiracional o de pretensiones políticas, se la dejas a gente que no tiene banderas políticas” y no fue este caso.
Eso podría sesgar el contenido del proyecto de Constitución, o desviarlo a un instrumento meramente reglamentario y de izquierda, lo que no debe ocurrir, alertaron Carbonell, Islas López, de la UNAM y Carlos Pérez Vázquez, socio director del Centro por un Recurso Efectivo.
Sin embargo, Muñoz Ledo defendió: en el grupo “más de 65% no tenemos partido, la mitad son académicos”. Constitucionalistas, dijo, hay siete.
También hubo señalamientos de los académicos de que el Decreto de Reforma Política de la Ciudad haya ordenado una integración mixta de la Asamblea Constituyente, responsable de aprobar la Constitución. De 100 diputados integrantes sólo 60 serán electos en urnas, y otros 40 designados por el Senado, la Cámara de Diputados, el Presidente de la República y el jefe de gobierno de la Ciudad.
Clara Jusidman, integrante del cuerpo redactor y quién participó en el foro, reconoció que ese proceso “fue un agravio a los ciudadanos. Hay 40 designados, no puede ser el senador de Baja California, de Yucatán, el diputado de Michoacán, que otra vez vengan a imponer a la Ciudad las materias de su Constitución. Es terrible”.
Muñoz Ledo argumentó que para sacar la Constitución se tuvo que negociar algunos temas, pero lo más destacable fue que se inició el proceso para elaborar una Constitución; aunque no se logró que fuera la Asamblea Legislativa la redactora: “ningún partido iba a aceptarlo, tenía en ese momento 65% de mayoría de un partido. Entonces se cambió la idea de la Constituyente.
“¿Carta otorgada?, en alguna medida. Nuestro problema fue negociar con la Federación, con el Congreso Federal, se reservaron [nombramientos] sí, pero eso no es nuestra intención, fue la condición si quieres, para que se pudiera dar un paso adelante. Lo discutimos mucho”, reveló Porfirio Muñoz Ledo
“No hubiera sido lo deseable generar estas condiciones de participación democrática, a través de una división clara entre los electos y los designados”, reconoció a su vez Granados Covarrubias.
La Constitución ideal
En el foro, Muñoz Ledo planteó que en la discusión del proyecto se involucrará a la sociedad y no se dejó la tarea sólo a constitucionalistas porque los tiempos han cambiado, “la pluralidad llegó para quedarse”, y ya en el Constituyente los partidos harán propuestas, no será “pleito de callejón”.
Delineó lo que se busca: “una Constitución más simple, más legible, muy bien sistematizada. Una arma de los ciudadanos para la defensa de los derechos. Una Constitución que todo mundo pueda traer en el bolsillo”.
Se incluirá, seguramente, revocación de mandato, democracia directa, convencionalidad —que contemple tratados internacionales firmados por México— gobernanza.
Propuso un “nivel de parlamentarización, ya discutiremos si podemos ir para allá”.
Para Granados Covarrubias, también consejero Jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad, se busca una Constitución progresista y de avanzada donde los derechos ya reconocidos de los capitalinos de protección de la niñez, diversidad sexual y la interrupción legal del embarazo, se mantengan.
“Evolucionar de garantías individuales a garantías sociales” e incluso que suban un escalón más, a derechos difusos [colectivos]. Además destacó que será la primera vez en que la ciudad tenga marco legal propio en materia de combate a la corrupción.
Clara Jusidman estableció que el centro de la Constitución debe ser la exigibilidad de los derechos de los ciudadanos, el empoderamiento ciudadano y acciones colectivas, para hacer frente al alto nivel de frustración y desencanto de habitantes frente a gobiernos o partidos.
Se pronunció por incluir temas específicos como derecho a la Ciudad, infraestructura, protección civil, “posibilidad de alinear nuevos derechos” que no existen en acuerdos internaciones porque tienen que ver con vida urbana.
Carlos Pérez Vázquez, también experto en temas de Estado de derecho, expuso que la Constitución de la Ciudad representa la oportunidad que no ha aprovechado ninguna entidad del país, de aterrizar los principios de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos.
Estos, explicó, dieron nuevo sentido al régimen constitucional en México, “dejaron claro lo que, por las razones históricas, no había estado claro antes: que el centro de la actividad del Estado son los derechos de las personas”.
Ahora podrá marcarse la diferencia si la Constitución de la Ciudad incluye que “toda autoridad no jurisdiccional, sea delegacional, de la administración central, desde una autoridad registral hasta una autoridad legislativa” está obligada a poner en el centro los derechos humanos.
Redactores de izquierda, Constitución igual
En la discusión, los académicos expresaron sus dudas sobre el proyecto de Constitución, dado que más de la mitad de los redactores —nombrados por el jefe de gobierno de la ciudad, Miguel Ángel Mancera— tienen afinidad política e ideológica con la izquierda.
“Muy inclinado a un partido político, no hay un solo priísta o panista destacado, hay un déficit, no me parece un primer ejercicio valioso, ni para aplaudir”, afirmó Carbonell, “hasta ahorita una Constitución sin Constitucionalistas “, insistió y se perfila “paquidérmica” si incluye todo lo expuesto.
Alertó el riesgo de “pasar de una Constitución progresista a una Constitución de partido o ideología. Cuando alguien dice que la futura Constitución de la Ciudad de México tiene que ser de izquierda, me da escalofríos pues tiene que ser para todos”.
Jorge Islas López, de la Universidad Nacional Autónoma de México, advirtió que no hay razón para que la Constitución incluya todas las políticas asistenciales de la ciudad, eso la convertiría en un documento reglamentario. “Mezclar y pervertir políticas públicas con lo que es política, que es fundamentalmente lo que hace una Constitución, me parece que es gravísimo”.
No debe incluir políticas asistenciales, explicó Islas, “una Constitución seria tiene una estructura de funcionalidad institucional que es la que garantizará los derechos en las políticas públicas”.
“No debe ser —advirtió también Pérez Vázquez— una Constitución de izquierdas o derechas. Tiene que ser una Constitución de derechos”, que aterrice en la Ciudad la reforma de la Constitución Federal de 2011.
Granados coincidió, sería “un despropósito” tener un instrumento reglamentario y dijo, tampoco debe modificarse el régimen de modo que vayamos a “trabar el poder público”.
Pero la Constitución, anotó Muñoz Ledo, no puede tampoco ser solamente un texto jurídico, por lo que sí expresará principios.
Demandó empero “exorcizar las palabras” como izquierda. No ha habido impulso constitucional que no haya provenido de la izquierda, advirtió, y ahora cabrán todas las ideologías.
Coincidió en que al final sería viable una revisión de constitucionalistas, pero también un aval social. “Tengo la convicción de que esta Constitución debe ser aprobada por referéndum” aunque ya se discutirá si el Constituyente tiene facultades para ello.
Los retos de la Constitución de la CDMX
Jorge Islas, de la UNAM, sostuvo que el gran reto es definir el modelo de gobierno que tendrá la capital del país, acorde con la pluralidad política que se vislumbra para el 2018.
“¿Cómo le van a hacer para construir instituciones y establecer un modelo de gobierno funcional con la pluralidad a la que está llamada la Ciudad de México?”, preguntó.
“¿Estamos preparados para poder asimilar lo que presumiblemente tendremos en 2018, pluralidad en jefe de gobierno, en Asamblea Legislativa y poderes federales con una constitución que esté diseñada para esto?, agregó Islas.
El comisionado Muñoz Ledo anticipó que con la Constitución, “a donde nosotros lleguemos va a despertar un enorme interés en los estados. Yo lo veo como un renacimiento del Federalismo”, expresó.
“Lo que se decida acá, los alcances que tengamos en el tema de la Constitución de la Ciudad necesariamente tendrá que reabrir el debate de la Constitución Federal”, anticipó Granados Covarrubias.
