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A partir de hoy en los Ministerios Públicos deberán leer Las Cartas de Derechos de las y los Denunciantes y Víctimas del Delito, Testigos e Imputados, cuando acudan ante ellos.
Ayer se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (GODF) el acuerdo firmado por el titular de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), Rodolfo Ríos Garza, el pasado 30 de diciembre, donde se establece que la carta de derechos les será leída cuando rindan una declaración o entrevista ministerial.
En este acuerdo se constituye que el personal ministerial, policial y pericial adscrito a la PGJDF tienen la obligación de proteger y respetar los derechos de todos los involucrados en un ilícito y además de realizar la investigación de los delitos y la persecución de los imputados.
Las cartas son tres, una para los denunciantes y víctimas del delito que consta de 23 puntos; la segunda para los testigos con 14 incisos y la última para los imputados con 17 cláusulas.
La primera explica a los afectados, entre otras cosas, que tienen derecho a contar con un asesor jurídico público o privado; recibir atención médica y sicológica desde la comisión del hecho delictivo; que se le designe, gratuitamente, un perito traductor-intérprete para el caso de que no hable o no entienda el español; mantener en reserva sus datos personales, incluyendo número telefónico, domicilio y las copias de las identificaciones que haya exhibido ante la autoridad.
En el caso de los testigos de algún ilícito tienen derecho, por ejemplo, de que se les explique claramente el motivo de su comparecencia; que la recepción de su testimonio o entrevista se realice en presencia de algún familiar y, de ser el caso, por perito especializado en sicología cuando sea menor de 18 años; mantener en reserva sus datos personales y solicitar a la autoridad ministerial las medidas de protección para salvaguardar su integridad física o sicoemocional.
Y en el caso de los probables responsables o imputados se les deben garantizar derechos como el conocer los hechos delictivos que se le atribuyen; que se registre su detención y ser presentado ante la autoridad ministerial; se le considere inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante sentencia firme; no ser obligado a declarar, no ser incomunicado, así como ser víctima de tratos crueles e inhumanos y degradantes, entre otras cosas.
La procuraduría local pegará carteles y se entregarán folletos en las agencias ministeriales, donde se detallarán los contenidos de las Cartas de Derechos para los interesados.
